"Los propietarios de viviendas ilegales en Marbella no tendrán que pagar las compensaciones". Así lo anunció el jueves la alcaldesa de la localidad malagueña, Ángeles Muñoz (PP), en la presentación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
La alcaldesa de Marbella detalló que estas cargas "recaerán sobre los promotores, que si no lo hacen de manera voluntaria en un año, será iniciativa municipal llevarlo a cabo". El PGOU, según informó Ángeles Muñoz, "se llevará a pleno para su aprobación provisional la próxima semana y podría estar concluido a principios del próximo año".
Esta medida fue calificada por la regidora como "el gran éxito de este documento, un acierto y un triunfo, del que todos, tanto la Junta de Andalucía, el equipo redactor, el equipo de Gobierno y los ciudadanos debemos estar satisfechos". Muñoz apuntó que "se ha buscado una fórmula para exigir el pago a promotores a través de un nuevo artículo que viene recogido en el PGOU".
La regidora del municipio aseguró que esta decisión no es ni mucho menos improvisada e insistió en que "desde el primer momento" el equipo de Gobierno se puso a trabajar con los técnicos municipales "para variar los criterios que afectaban a los ciudadanos y que harían que el plan urbanístico comenzase sin confianza y falto de contenido".
70% favorables . La alcaldesa de Marbella detalló que de las 8.532 alegaciones presentadas, algo más de 6.000 han sido contestadas favorablemente (un 70%). "Este dato es muy importante y refleja que se ha tenido muy en cuenta la opinión de los vecinos", indicó Muñoz, quien concretó que "han sido más de 350 comunidades de propietarios las que han alegado al tema de compensaciones, en total 4.950 personas, que hacían referencia a 16.220 viviendas, con lo que estos cambios podrían afectar a más de 48.660 individuos".
La regidora admitió discrepancias con el equipo redactor sobre todo en las viviendas que están habitadas y quedan fuera de ordenación "como son Banana Beach, una promoción en Río Real y otra en La Víbora", por lo que, este mes, anunció, el consistorio seguirá trabajando para buscar una solución y que no se vean afectados, "ya que se trata de edificios habitados, alrededor de 500 viviendas".
Muñoz cifró en 27.085 las viviendas previstas en los próximos ocho años, de las que un 36,4% serán públicas, y en cuanto a equipamientos apuntó que se pasa de algo más de un millón reflejado inicialmente a 1.154.300 metros cuadrados. "Computando éstos nuevos con los ya existentes, el término municipal contará con algo más de dos millones de metros cuadrados, 10,76 por habitante".
