En Sevilla hay 15 mercadillos, pero sólo tres tienen autorizaciones. El resto está inmerso en un vacío legal. Esto provoca que proliferen falsificaciones e irregularidades, así como que una competencia descontrolada con el comercio tradicional. Hay unos 1.500 vendedores en esta situación ilegal. La ordenanza aprobada el viernes abre un nuevo marco legal para ellos.
Los estudios de Aprocom y de la asociación de vendedores ambulantes Aprecama (integrada en la federación autonómica que trabaja con la Junta en la regulación del sector) coinciden en un extremo: en la ciudad hay alrededor de 15 mercadillos ambulantes. Y casi todos son ilegales.
Sólo cuentan con permisos las instalaciones de Parque Alcosa y el Charco de la Pava, además de las de Alcampo que, según Aprecama, disponen del visto bueno de la Gerencia de Urbanismo. El último estudio de la Junta de Andalucía situaba en 700 los puestos existentes en la ciudad, uno por cada 1.000 habitantes. La federación de vendedores ambulantes calcula que hay más de 2.000 personas en este sector. Pero éstas son sólo las cifras oficiales.
En la ilegalidad hay más de 1.500 personas. Carecen de permisos, ejercen su actividad sin las instalaciones adecuadas, no están supeditados a controles sobre sus productos y no abonan las tasas correspondientes. Se ubican en zonas como Su Eminencia, Bellavista, San Jerónimo, Pino Montano y Torreblanca.
Pero esta radiografía del sector inició el viernes oficialmente un proceso de transformación. La ordenanza aprobada por IU establece un marco normativo encaminado a fijar un nuevo sistema de funcionamiento de este sector, controlado por una comisión creada exclusivamente para ellos y con un régimen de licencias e infracciones que impulse una regularización de la actividad y que beneficie a las personas que cuentan con todos los documentos en regla.
Con esta ordenanza, una comisión establecerá los lugares en los que se pueden ubicar los mercadillos, uno por distrito. Estos emplazamientos deberán tener aparcamiento, buenos accesos y no dañar a las actividades comerciales tradicionales. Los puestos deberán tener unas características concretas y unas dimensiones nunca superiores a los 8 por 6 metros.
Cada uno contará con plan especial y deberá ajustarse a unos horarios. Los transportes llegarán entre las seis de la mañana y las ocho y media para que la actividad arranque a las nueve y media y finalice a las tres. En ese momento empezará la recogida, que culminará antes de las cinco, hora a la que llegarán la Policía y los operarios de Lipasam. Cualquier daño que se cause al mobiliario podrá ser sancionado con multas que alcanzan los 600 euros.
Los vendedores deberán obtener una licencia municipal para ejercer su actividad. Una vez con ese permiso se realizarán una serie de sorteos en los que se repartirán las plazas de cada uno de los mercadillos que se creen o de aquellos que se regularicen. No está prohibido, y de hecho es uno de los objetivos de la ordenanza, que los vendedores aspiren a más de un mercadillo.
El objetivo es que los ingresos no se limiten a un día a la semana en la capital (muchos van otras jornadas a los mercadillos de la provincia), sino que puedan hacer un itinerario que les conceda una renta mínima y que permita la regularización completa del sector y llegar al objetivo marcado por IU: que todos estén dados de alta en la Seguridad Social, bien mediante la figura de autónomos, bien mediante cooperativas.
"Desde siempre hemos luchado por que se legalice el sector para que los puestos tengan sus propias parcelas, sin problemas de que pueda venir la Policía y lo levante. Debe lograrse que cada día de la semana haya un mercadillo. Los comerciantes deben tener un circuito para irse desplazando y no que todos coincidan el mismo día.
Queremos que se consiga una profesionalización del comercio ambulante, lo que permite un mayor control de la piratería y un mejor servicio a los compradores", explica el presidente de Aprecama, Fernando Martín. Su asociación, al igual que otras tres conformadas en la ciudad, han participado en la redacción de la nueva ordenanza. La federación se quedará, además, con las competencias sobre la regulación del sector que quedarán adscritas al área de Infraestructuras para la Sostenibilidad.
