Las supuestas irregularidades en la gestión de Mercasevilla por parte del exdirector general Fernando Mellet, imputado en las diversas ramas del caso, no dejan de aflorar. La nueva dirección de la lonja solicitó a la jueza Mercedes Alaya, que instruye la supuesta trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que investigue el pago de 1,9 millones de euros que supuestamente se destinaron a abonar comisiones ilegales en el ERE de 2007. La empresa asegura desconocer a quién fue destinado este dinero, que consta en las cuentas como "gastos externos", por lo que le pide a la magistrada que también lo aclare. Además, en el escrito también traslada una serie de irregularidades en la inclusión de ciertos trabajadores en el ERE.
El escrito fue entregado por el nuevo presidente de Mercasevilla, el concejal del PP Gregorio Serrano, y explica que estos casi dos millones de euros suponen un 22,5% de los más de nueve millones de euros que cuesta el ERE, "cantidad que supera con creces" lo pactado con Vitalia, la empresa que gestionó las pólizas del ERE, en 2003. Según este acuerdo, Vitalia cobraría 1.147 por cada empleado, lo que suponía 46.000 euros, cifra muy alejada de los 1,9 millones de euros. El documento añade que esta comisión fue detectada tras encargar un estudio para la valoración de los compromisos adquiridos con los trabajadores. En el mismo, se localizó una partida denominada "gastos externos" dedicada al "pago de conceptos de dudosa licitud", por lo que se decidió solicitar a la aseguradora Generali, que se encarga del pago de las pólizas, información sobre esta cuantía.
Según el informe, esta partida parece coincidir con lo que en el informe de Generali se denomina "comisión", aunque el importe que la entidad tiene reflejado como tal es algo menor (1,8 millones). Por ello, consideran que "debe investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores". No obstante, el escrito también señala que "corresponde a la Junta de Andalucía y no a Mercasevilla" el pago del ERE de 2007 -en 2009 Empleo se desvinculó del pago del mismo, afrontándolo el Ayuntamiento- y, por tanto, la supuesta comisión debería "minorarse de la deuda legítima por primas que debieran haberse pagado y, para proponer en su caso, una solución legal a la aseguradora y a la Junta de Andalucía".
Asimismo, el escrito también pone en manos de la jueza el supuesto intento de incluir en el ERE al intermediario del mismo, Juan Lanzas, pese a que nunca trabajó en la lonja. Su nombre aparece en los documentos enviados a la aseguradora Generali, pero finalmente no se ordenó ningún pago. La jueza ya investigaba la inclusión como intruso del exsocialista jienense Antonio Garrido Santayo, sobre el que el documento destaca que se le aseguró una prestación de 344.936,63, de la que habría percibido 102.171,96 euros.
El escrito expone también los casos de tres trabajadores acogidos a este ERE, pese a que deberían haber sido "excluidas en su totalidad" sus prestaciones, al tratarse de empleados con invalidez permanente. Por último, Serrano recuerda que un propio auto de la juez señalaba como "irregularidad" el "abono de premios extraordinarios de jubilación" acordados en 2008 por 256.624 euros, "sobre los que no se han practicado retenciones legales algunas".
