Los gastos de Mercasevilla se realizaban en buena medida a espaldas de la comisión ejecutiva y del consejo de administración. Estos órganos apenas tenían control de las partidas y los presupuestos llegaban incompletos. La auditoría de Deloitte señala que en siete gastos que suman 537.272 euros no se cumplió el control obligatorio.
La dirección de Mercasevilla, cuyo ex gerente Fernando Mellet es el principal imputado en las dos causas abiertas por la gestión de la empresa pública, ni comunicaba los contratos menores ni cumplía con la obligación de que los pagos superiores a 30.000 euros debían pasar por la ejecutiva y por el consejo de administración -criterio que no se exigía a la Fundación-. La auditoría encargada por el Ayuntamiento a Deloitte refleja que este control obligatorio se infringió en siete partidas de gasto desde 2007, que suman 537.272 euros.
Entre estas partidas figuran varios de los pagos ahora investigados por la juez instructora del caso. En este paquete se incluyen las aportaciones a consultoras para los expedientes de regulación de empleo por las que fue requerido el pasado lunes el ex sindicalista Juan Lanzas. En primer lugar los 165.000 euros que recibió la firma Maginae Solutions S.L. repartidos en dos partidas distintas. La primera, en 2007 por 123.000 euros abonados mediante dos cheques por importe de 30.000 euros y otros dos por 31.564 euros. La segunda, abonada en 2008 por un importe de 42.920 euros -aunque en otro lugar la misma auditoría cifra esta partida en 55.000 euros- por unos servicios pagados mediante transferencia bancarias. A estas cifras hay que añadir otra partida de 35.000 euros relativa al ERE de 2007 abonada en 2008 en este caso a la sociedad Hermes Consulting pagada mediante un cheque bancario.
Los otros cuatro contratos que eludieron el control obligatorio afectan a una campaña publicitaria de 2007 que costó 48.592 euros; a una obra realizada por la firma Pavimentos Matos S.L. pagada con un cheque bancario de 52.760 euros; a 38.000 pagados por un cheque a la Asociación de Mayoristas de Pescado por servicios de consultoría y a una partida de 197.000 euros abonada a la sociedad Urbanismo y Arquitectura López Bermúdez -que realizó un estudio en la venta del suelo de Mercasevilla y colaboró con la Fundación- pagados con dos transferencias de 58.000 y 132.200 euros.
Según recoge la auditoría, la dirección de Mercasevilla tenía la obligación de comunicar los pagos menores y de someter a la comisión ejecutiva y al consejo de administración los superiores a 30.000 euros, un criterio que como admite el propio informe no se aplicaba ni se había recogido en un documento interno para los responsables de los pagos. A lo que hay que añadir dos factores: los cheques apenas tenían control y los órganos necesarios de registro; y varias personas ajenas a la dirección podían realizar transferencias sin ratificación alguna.
Las irregularidades se han detectado en gastos mayores y menores. En el 22% de los 155 gastos realizados por Mercasevilla hubo irregularidades en las facturas, en un 28,6 no hubo control de la dirección y el 42% de las transferencias se hicieron sin autorización.
