Los manifestantes a su paso por la Ronda, esta mañana.
Miles de personas, unas 50.000 según los organizadores, se han manifestado este sábado en la capital andaluza contra el decreto ley de reordenación del sector público y han pedido su "derogación inmediata" al entender que se trata de una norma "impuesta e inconstitucional". Esta protesta ha sido convocada por un total de 14 organizaciones entre sindicatos y plataformas de empleados públicos. En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha --que ha partido de la sede del Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo y ha terminado en el Parlamento de Andalucía--, la responsable de Administración autonómica de CSI-F, Alicia Martos, ha señalado que el motivo de esta protesta es "volver a decir, como lo llevamos diciendo desde hace seis meses, que este decreto es una norma impuesta, inconstitucional e ilegal que propicia la falta de independencia de la Administración pública".
Según ha insistido Martos, el decreto de reordenación del sector público "vacía a los andaluces de un derecho patrimonial que debe estar en sus manos, como es el de una Administración pública independiente, imparcial y eficaz". Por ello, pretenden que "todos los políticos tomen nota y sean conscientes de este grado de disconformidad totalmente generalizado de los empleados públicos andaluces".
Además, la portavoz de CSI-F ha aclarado que esta movilización de los empleados públicos "no es para pedir más dinero o mejores condiciones laborales", ya que lo que desean es que "se cumpla la constitución y que todos los empleados públicos presten servicio a los ciudadanos con objetividad y eficiencia". "Y si el presidente de la Junta de Andalucía --José Antonio Griñán-- no lo entiende es porque, o hace oídos sordos desde hace muchos meses, o porque sencillamente tiene una ceguera a propósito", apostilla.
También la portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Auxiliadora Honorato, ha manifestado el "rechazo absoluto" a este decreto por parte de los trabajadores a los que representa. Sobre todo, recalca, porque con la reordenación que prevé aprobar el Parlamento "el servicio público dejará de prestarse en el ámbito del derecho administrativo con las garantías de objetividad, imparcialidad e igualdad de acceso que eso supone y pasará a prestarse en el ámbito de las Agencias, donde lo que impera es el derecho privado".
Al respecto, Honorato ha lamentado que "dentro de las Agencias no se podrá garantizar la gratuidad del servicio público porque el propio decreto dice que éstas tienen que rentabilizar sus costes, lo que significa que los ciudadanos van a tener que pagar más por los mismo servicios".
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, ha querido destacar que este decreto "es una pérdida de derecho no sólo para los empleados públicos, que también, sino para todos los ciudadanos". De ahí que haya insistido en que esta norma "es una pérdida de derechos" porque, en su opinión, "pone a la Administración en manos de quien gobierne". Para evitarlo, ha recomendado a los responsables del Gobierno andaluz que hagan como en las comunidades de Extremadura, Navarra o Castilla La Mancha, "donde no han mezclado en la vida empresas públicas con la Administración general". "No se puede mezclar unos trabajadores con otros ni se le puede dar potestad administrativa a quien no la tiene por ley, ni por la Constitución", ha concluido.
MANIFIESTO EN EL PARLAMENTO
Tras llegar al final de la manifestación, en el Parlamento de Andalucía, se ha dado lectura a un manifiesto conjunto de las 14 organizaciones convocantes: CSIF-A, CGT-A, USO, Ustea, SAT, Safja, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Asociación Piensa-Volens y 'Defiendo mi derecho y la gestión pública'.
Así, han querido manifestar, en primer lugar, que con este decreto "se ataca a la ciudadanía, que pierde, en el tratamiento de los procedimientos administrativos, garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad" y, en segundo lugar, que se "ataca a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho de acceso al empleo público bajo los principios de Igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Por último, han señalado a los trabajadores del sector público andaluz como los otros "atacados", ya que "se limita su movilidad geográfica y promoción".
Por todo ello, recalcan, se oponen a "un modelo de reordenación que legalice situaciones irregulares" y rechazan las Agencias "o cualquier otra fórmula de administración paralela o de gestión privada". "Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos", explican.
De no conseguirlo, las 14 organizaciones convocantes están dispuestas a "seguir en la lucha". "La esperanza nunca se pierde y queremos que, con el día de hoy, todos los grupos políticos se den cuenta de que esto es una gran irresponsabilidad", ha señalado Martos, de CSI-F.
