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Moreno replica a Arenas que se equivoca al "burlar" la ley

El PP presentará al menos a cinco alcaldes como cabeza de lista en las autonómicas, pese a que la Ley Electoral les impedirá compatibilizar cargos en caso de salir elegidos.

el 17 ene 2012 / 20:01 h.

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La Junta cree que el órdago del PP-A contra la Ley Electoral andaluza, al incluir a sus alcaldes en la listas para las autonómicas, es un "atajo" que no conducirá a Javier Arenas a "ningún buen lugar". "Estamos en el inicio de un camino en el que creo que Arenas se equivoca burlándose de las leyes del Parlamento y diciéndole a la ciudadanía que los políticos tienen que acumular cargos", insistió ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno.

El PP ha trasladado el pulso de sus alcaldes-diputados a las autonómicas, incluyendo en las listas a cinco regidores como cabeza de lista en sus provincias. Arenas ya dijo que lo haría antes incluso de que el Parlamento aprobara, con los votos de PSOE e IU, la reforma de la Ley Electoral que hace incompatible el cargo de alcalde y parlamentario. La medida condiciona sobre todo al PP, que en la actualidad tiene 17 regidores en la Cámara.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, atribuyó ayer la "exagerada reacción" de la Junta al "nerviosismo del PSOE" y al "miedo electoral". Sanz dijo que la reforma legal aprobada en el Parlamento estaba dirigida contra personas concretas (sus alcaldes), justo cuando los socialistas habían sido desposeídos de gran parte del poder municipal que ostentaban en las elecciones municipales de mayo. "Esta ley no responde al interés público", insistió. El PP ha incluido a cinco alcaldes en sus listas a las autonómicas, algo que permite la reforma legal, por eso Sanz criticó ayer al PSOE por acusarles de "desafío a la legalidad". La incompatibilidad de cargos no impide a un alcalde presentarse (algo que sí pasa en la ley electoral del PP en Galicia), pero en caso de salir elegidos, tendrían que renunciar a uno de los dos cargos.

La reforma legal andaluza ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El PP-A todavía está sopesando presentar un recurso y tiene hasta el 15 de marzo para hacerlo.

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