El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, cuestionó ayer el nivel ético de determinados métodos que se aplican a menores con trastornos de conducta y en dificultad social, y denunció que algunos especialistas justifican su aislamiento porque se trata de que "el niño toque fondo, de doblegar del toda su resistencia".
En la Comisión Mixta Congreso-Senado, el Defensor presentó el informe sobre los centros de menores, en el que se analizaron 27 de los 58 existentes. Entre las deficiencias encontradas, citó que se prohibe a los menores la asistencia a centros educativos, se les administra medicación psiquiátrica contra su voluntad y sin ajustarse a la ley reguladora de la autonomía del paciente, se imponen como castigo determinadas medidas de aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente.
En declaraciones previas a la prensa, el defensor del pueblo señaló que los correctivos son necesarios, pero se debe superar el método de "vigilar y castigar".
Propuestas. El Defensor sugirió que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, un sistema de reclamaciones y quejas en los centros, y que se aprueben las especialidades de psiquiatría y psicología de la infancia y la adolescencia.
En relación con las críticas recibidas por este informe por parte del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Comunidad Autónoma, Múgica replicó que han descrito una situación como la de "Alicia en el País de las Maravillas". El fiscal general del Estado acordó la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas, recordó Múgica en la comisión.
