El caso de la niña asesinada en Huelva, Mariluz, y las derivaciones sobre la responsabilidad judicial de que su presunto asesino estuviese en libertad, cuando tenía que estar cumpliendo prisión por otros asuntos, revolucionó la opinión pública, y puso en tela de juicio - nunca mejor dicho - la actuación de jueces y funcionarios. Estos, en lógica defensa, corporativismos aparte, adujeron la precariedad en que se encontraba la administración de justicia. Pero pasó la marea, y otros asuntos ocuparon los principales puestos en el debate ciudadano. Lo normal.
Pero ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha vuelto a poner el asunto sobre la mesa, cuando ha hecho pública su memoria del 2008. Entre otras cosas, reclama un pacto de Estado para reformar la justicia a largo plazo. Y lo dice claro el informe del TSJA: juzgados dispersos y sin conexión entre sí, falta de criterios homogéneos de organización, dilaciones y excesiva duración de los procesos, plantillas insuficientes y déficits tecnológico y de formación.
Esta situación ha originado, entre otras cosas que, en el último año, los asuntos pendientes hayan aumentado un 20% y, por si faltaba poco, la actual situación de crisis ha saturado los juzgados mercantiles y de primera instancia.
Ahí está la papeleta, y el tema es lo suficientemente preocupante para no dejarlo que se pierda. Hoy por hoy, hay casi medio millón de casos pendientes en los juzgados andaluces y, si esto sigue así, nos podemos encontrar con que reviente el sistema o sufra un colapso de consecuencias incalculables. Siempre se ha dicho que una justicia lenta no es justicia, y ahora nos encontramos, no ya con una justicia lenta, sino con una justicia a la que le falta poco para que se le gripe el motor.
Esto no se arregla en dos días. Y el mismo TSJA, consciente de las dificultades, sugiere el plazo razonable de lo que queda de legislatura, es decir tres años, y los cuatro de la próxima, o sea, alrededor de siete años. Vale, pero hay que empezar ahora, y de ahí la reclamación de ese gran pacto que aquí, en Andalucía, el presidente del PP, Javier Arenas, se ha mostrado dispuesto a propiciar. Ahora queda la respuesta de la Junta, que tiene las competencias de justicia, y que acaba de cambiar, en el nuevo gobierno de Griñán, a la titular de esa consejería.
Malo sería, que una vez apagado el eco del aldabonazo dado por el Tribunal Superior, este asunto quedase en el olvido, arrinconado, otra vez, por las urgencias del día a día. Esperemos que eso no ocurra, y que el problema no desaparezca de la primera línea de la agenda política, porque si eso sucediese, en algún momento, lo volveríamos a ver abriendo las portadas, a cuenta de algún otro suceso desgraciado.
No nos olvidemos de lo importante.
Periodista
juan.ojeda@hotmail.es
