El juez de Marbella, Javier de Urquía -suspendido cautelarmente por su imputación en la operación Malaya- se enfrenta a nuevas diligencias abiertas por el TSJA por un presunto delito de prevaricación y cohecho en el caso Hidalgo contra el blanqueo de capital en la Costa del Sol.
La nueva causa investiga las gestiones que, presuntamente, favorecieron a algunos de los imputados en el caso Hidalgo, que se destapó con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas las de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias.
Según avanzó ayer el diario El País, el juez estaría imputado de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los delitos de cohecho y prevaricación, junto a su amigo Arnaud Fabrice Albouhair, acusado también en la causa por la Operación Malaya.
El magistrado Miguel Pasquau y la investigación policial intentan esclarecer las gestiones en las que ambos, presuntamente, favorecieron a ciertos imputados del caso Hidalgo y si se produjeron supuestos pagos de dinero a personas del entorno del juez.
El pasado diciembre, el TSJA elevó a procedimiento abreviado el caso en el que estaban imputados De Urquía, Arnaud Fabrice Albouhair y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca por supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la operación Malaya. Por esta causa, el juez fue suspendido cautelarmente, suspensión que ha acordado de nuevo el CGPJ.
