Todas las comunidades y propietarios de casas unifamiliares tienen que revisar sus antenas para saber si tienen que hacer cambios para ver la televisión. / Antonio Acedo
Si antes del 31 de diciembre no revisa usted su instalación posiblemente no podrá ver los canales de televisión que ahora ve. Y no será por culpa de su televisor. Hace tres años las empresas de telefonía compraron en subasta al Gobierno la frecuencia para la señal de internet ultrarápida para móviles, el 4G (el Estado ingresó más de 1.800 millones de euros), así que los operadores de televisión serán desalojados de esa banda. Y los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo la revisión de las antenas y, después, mandar la factura al Gobierno central si quieren una ayuda.
El Consejo de Ministros aprobó ayer por fin el Plan Técnico de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que permite que empiecen las revisiones. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que la reordenación costará 286 millones (en principio eran 800) y que habrá ayudas. La media será de cien euros, aunque en algunos casos se prevén topes de 150 y hasta de 550 euros, según la instalación. En 2010 el apagón analógico obligó al consumidor a invertir en nuevos televisores o en descodificadores, ahora, cuatro años después, toca pagar la revisión de las antenas. Así que las asociaciones de consumidores los más perjudicados y el sector de las empresas instaladoras han puesto el grito en el cielo porque el Gobierno no despeja las dudas «ni técnicas ni de procedimiento».
En apenas tres meses se tendrán que adecuar 429.683 edificios en la provincia de Sevilla (39.025 con instalaciones comunitarias y el resto, individuales), de los que 56.606 están en la capital (22.107 con antenas comunitarias). En Andalucía los técnicos tendrán que revisar algo más de dos millones de instalaciones comunitarias e individuales.
Por eso el sector alerta de varias cuestiones: el ciudadano no está informado (todos tienen que revisar su antena, aunque, según el Gobierno, sólo el 45 por ciento de la población necesitará cambios en la instalación), que el plazo es tremendamente escaso (por eso serán prioridad las instalaciones comunitarias), que florecerá el intrusismo si no se contratan a empresas autorizadas y que el Gobierno aseguró de forma «errónea» que el cambio costará una media de 20 euros.
Así lo resume José Manuel Muñiz, director general de FAITEL, Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones, quien asegura que el coste puede variar según el tipo de instalación que tenga cada persona en su edificio.
Lo cierto es que la liberación de las frecuencias que actualmente emplea la TDT, es decir, los canales del 61 al 69, para que sean asignados a los operadores de telefonía móvil para su 4G está prevista desde hace ya tres años, pero cuestiones judiciales, técnicas y económicas han retrasado una medida bautizada como «dividendo digital». En julio el Gobierno central presentó el borrador del plan técnico de la TDT y hasta ayer no se aprobó. Así que ahora sí se ha dado, por fin, el pistoletazo de salida. Los técnicos ya pueden hacer las revisiones.
¿Y en qué consisten? José Manuel Muñiz explicó a este periódico que, a diferencia de los cambios de 2010, los televisores no hay que tocarlos, como mucho resintonizarlos. «El trabajo afecta a dos cuestiones: hay que revisar las frecuencias de las antenas y también la instalación para asegurar que pueden convivir la TDT y el 4G sin interferencias». «Los equipos de casa que operan o pueden operar con 4G como móviles o tabletas pueden provocar interferencias en la televisión y no sólo en su casa, sino en la del vecino», advirtió Muñiz. En el caso de necesitarse filtros, el coste lo asumirán por las teleoperadoras, según el Ejecutivo central, que anunció que se hará una prueba piloto en Zamora para estudiar las interferencias. El director general de FAITEL defendió que ya es imposible que se apruebe una prórroga para el dividendo digital, ya que es un acuerdo internacional de 2007 y puede haber sanciones y los operadores de telefonía, que pagaron en subasta más de 1.800 millones de euros por esa frecuencia, pedirían al Estado indemnizaciones millonarias.
En Sevilla, hay doce empresas instaladoras de telecomunicaciones autorizadas para hacer este trabajo que, en plena crisis, atraerá mucha competencia desleal.
«El mejor método de ahorro es que se contrate a una empresa homologada para evitar a los chapuzas porque, como pasó en 2010, después vienen los problemas y estas empresas intrusas o profesionales falsos no responden ante el cliente», advirtió Muñiz.
Con factura Las asociaciones de consumidores y FAITEL recalcan que el consumidor debe acudir a empresas inscritas en el Registro de Empresas instaladoras (www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/infraestructuras/registroinstaladores/paginas/consultainstaladores.aspx), para lo que disponen de un número identificativo que ha de ser facilitado en los documentos e información que faciliten, obtener una información y asesoramiento inicial sobre qué es el dividendo y cómo le afecta, solicitar presupuestos previos por escrito que detalle las labores y materiales a emplear y elegir no solo guiados por el precio más bajo. Además, recomiendan que se pida la factura legal y el boletín de instalación (es un modelo oficial) para poder reclamar si hay problemas y pedir las ayudas. Más información en www.dividendodigital.info de FAITEL.
