El Gobierno andaluz tiene ya un primer borrador (no definitivo) de la reforma de la Ley Andaluza de Cajas para adaptarse al nuevo marco nacional, pero desde la Consejería de Economía avisan de que no hay prisas y de que en una norma como ésta es muy importante saber qué está haciendo cada comunidad autónoma y no adelantarse.
Es, como ocurrió con la reforma de los Estatutos de Autonomía, una nueva ley de traineras, en la que las comunidades se miran con el rabillo del ojo, pendientes de las modificaciones que se introducen para reforzar las posiciones autonómicas en el tablero financiero.
En un momento en el que dos de las tres cajas andaluzas están inmersas en fusiones frías interterritoriales -Caja Granada en el SIP Mare Nostrum y Cajasol en Banca Cívica- desde la Consejería de Economía admiten que el diálogo con otras comunidades es crucial y está abierto antes de adaptar la ley andaluza a la nueva LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros).
El Gobierno, tras un acuerdo de PSOE y PP, modificó la norma estatal el pasado julio y dio un plazo de seis meses a las comunidades para cambiar sus leyes, que expiraría en enero. Sin embargo la LORCA ha estado sujeta a cambios en el Senado hasta el pasado mes de octubre. Hay comunidades que han planteado que los seis meses de plazo empiezan a contar desde ese momento, por lo que no sería hasta marzo cuando se termina el margen legal para presentar las normas autonómicas.
El consejero de Economía, Antonio Ávila, aseguró a este periódico que si existen dudas legales al respecto, encargará un informe jurídico para determinar la fecha en la que la nueva ley andaluza debe entrar en vigor y no se mostró contrario a retrasarlo, en caso de que así lo dictaminen los servicios jurídicos. Además desde su Consejería avisan de que ya en la última modificación de la norma nacional hubo comunidades que adaptaron su legislación más tarde y no ocurrió nada. Simplemente la norma de mayor rango, es de decir la LORCA, desplazaría los aspectos de las leyes autonómicas con los que colisione.
Ahora mismo solo dos comunidades, Cataluña y Castilla y León, se han adaptado a la Ley de Cajas. El caso catalán fue muy excepcional puesto que la Generalitat tuvo que acelerar la reforma ante la disolución del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Ambas legislaron antes de aprobarse las modificaciones a la LORCA mediante enmiendas que se aprobaron en el Senado el pasado 23 de octubre. Eso obligará en el caso de Castilla y León a rectificar algunos puntos de su norma. Su Gobierno ha anunciado que introducirá las modificaciones necesarias mediante una Ley de Acompañamiento.
Al margen de estas dos comunidades, que ya han hecho su reforma, Murcia ya ha anunciado que no va a adaptar su norma. Baleares no tiene ley de cajas sino un decreto y aprovecha esta circunstancia para trabajar en un borrador de ley. Castilla-La Mancha no tiene cajas, por lo que no está claro si ni siquiera va a efectuar alguna modificación legal. País Vasco y Galicia ya han dicho públicamente que entienden que el plazo no expira hasta marzo, es decir seis meses después de las últimas modificaciones. Una teoría que no desecha Andalucía. En el caso de Canarias, su Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley y asume que no llegará ni siquiera al plazo ampliado.
Sobre la fórmula que elegirá el Gobierno andaluz para acometer la modificación, será el decreto-ley, que es más rápido en su tramitación. Entraría en vigor en cuanto se apruebe en Consejo de Gobierno. Sin embargo el consejero de Economía no descarta que se pueda tramitar como proyecto de ley en el Parlamento para abrir el debate a los grupos de la oposición. En cualquier caso, dice Ávila, es una decisión que deberá tomar el Gobierno andaluz también en función del calendario legislativo que tenga previsto para el próximo curso parlamentario, que arrancará en febrero y se verá interferido por las elecciones municipales de mayo.
Del contenido de la futura ley andaluza, nada ha trascendido más que la voluntad del Gobierno de José Antonio Griñán y del PSOE andaluz de aprovechar el margen legal que tenga la comunidad para reforzar en la medida de lo posible el carácter social de las cajas de ahorros y poner trabas a una futura bancarización o privatización, puerta que abre la ley estatal. Las dos comunidades que han modificado sus leyes han coincidido en reservarse derecho a veto en futuras SIP de las cajas de ahorros de su comunidad, adjudicándose la última palabra en este este tipo de fusiones. En este punto, Andalucía ya aprovechó la última modificación que hizo de la ley autonómica (en octubre de 2009, justo hace un año) para reservarse la última palabra en el caso de fusiones interterritoriales. Un punto que posiblemente se reforzará.
Todo apunta a que será muy complicado un acuerdo con el PP andaluz para reformar la ley de cajas, a pesar de que las dos partes declaran querer el consenso. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, le reprochó la semana pasada al consejero de Economía en el pleno que aún no hayan recibido ningún borrador del futuro decreto-ley, a pesar de que -según Sanz- en julio fueron invitados al diálogo y se les comunicó que recibirían documentación. El Gobierno andaluz lo niega tajantemente. Ávila asegura que fue él quien en julio pidió sus propuestas al PP y todavía dice estar esperando. En cualquier caso, el clima previo tras la marcha de Cajasur y tras dinamitarse la alianza andaluza Unicaja-Cajasol, no es propicio para un pacto. La Junta dice que tratará de abrir la comunicación.
