Otras cinco familias pertenecientes al clan de los 'Caracoleños', exiliado del Polígono Sur entre agosto y julio del pasado año tras un tiroteo que se saldó con la muerte de un joven de etnia gitana, han prestado declaración hoy en el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a cuenta de la denuncia formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) contra la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que habitaban antes de abandonar el barrio y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a haber sido precintadas por la Administración autonómica.
Una de las portavoces del clan, Ani, ha informado a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número ocho, conforme a las diligencias incoadas tras la denuncia de EPSA, ha tomado este martes declaración a los integrantes de cinco familias pertenecientes a este colectivo, a los que "les han hecho las mismas preguntas y les han dado la misma respuesta, un plazo de diez días".
Al igual que en comparecencias anteriores, estas personas han reconocido que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a anteriores moradores, por lo que el Juzgado de Instrucción número ocho les atribuye una ocupación de estas viviendas sin "título" legal que les habilite para ello y, por ende, les ha concedido un periodo de diez días para el desalojo voluntario de los inmuebles.
Estas cinco familias pertenecientes al clan, al igual que las 16 personas que ayer prestaron también declaración en el Juzgado de Instrucción número ocho y las 22 familias que hicieron lo propio la semana pasada, han alegado ante el juez el supuesto desconocimiento del régimen público que rodea a estas viviendas y que su situación no dista del escenario que sufre el parque público de viviendas del Polígono Sur.
Las anteriores órdenes de desalojo, como ya informó el abogado del colectivo de familias, José Estanislao López, han sido ya recurridas, solicitando además la defensa de estas familias las comparecencias de la coordinadora y los responsables legales de EPSA y de los asistentes sociales del Ayuntamiento de Sevilla que han tratado a estas personas.
Del poblado de Los Bermejales a las ordenes de desalojo
Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA.
Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias.
De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.
