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Otras cinco familias de los 'Caracoleños' declaran ante el juez

el 13 jul 2010 / 16:34 h.

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Otras cinco familias pertenecientes al clan de los 'Caracoleños',  exiliado del Polígono Sur entre agosto y julio del pasado año tras un  tiroteo que se saldó con la muerte de un joven de etnia gitana, han  prestado declaración hoy en el Juzgado de Instrucción número ocho de  Sevilla, a cuenta de la denuncia formulada por la Empresa Pública del  Suelo de Andalucía (EPSA) contra la supuesta ocupación ilegal de las  viviendas públicas que habitaban antes de abandonar el barrio y que  recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a haber sido precintadas por  la Administración autonómica.

Una de las portavoces del clan, Ani, ha informado a Europa Press  de que el Juzgado de Instrucción número ocho, conforme a las  diligencias incoadas tras la denuncia de EPSA, ha tomado este martes  declaración a los integrantes de cinco familias pertenecientes a este  colectivo, a los que "les han hecho las mismas preguntas y les han  dado la misma respuesta, un plazo de diez días".  

Al igual que en comparecencias anteriores, estas personas han  reconocido que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en  cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a anteriores  moradores, por lo que el Juzgado de Instrucción número ocho les  atribuye una ocupación de estas viviendas sin "título" legal que les  habilite para ello y, por ende, les ha concedido un periodo de diez  días para el desalojo voluntario de los inmuebles.  

Estas cinco familias pertenecientes al clan, al igual que las 16  personas que ayer prestaron también declaración en el  Juzgado de Instrucción número ocho y las 22 familias que hicieron lo  propio la semana pasada, han alegado ante el juez el supuesto  desconocimiento del régimen público que rodea a estas viviendas y que  su situación no dista del escenario que sufre el parque público de  viviendas del Polígono Sur.

Las anteriores órdenes de desalojo, como ya informó el abogado del  colectivo de familias, José Estanislao López, han sido ya recurridas,  solicitando además la defensa de estas familias las comparecencias de  la coordinadora y los responsables legales de EPSA y de los  asistentes sociales del Ayuntamiento de Sevilla que han tratado a  estas personas.

Del poblado de Los Bermejales a las ordenes de desalojo

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo  del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el  Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se  auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a  represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de  julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las  viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por  EPSA.

Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron  diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de  Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación  administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41  viviendas públicas habitadas por estas familias. 

De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se  desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y  que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas  carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En  concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en  cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y  regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo  demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con  resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda  y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.

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