El presidente de la Diputación de Málaga , Salvador Pendón (PSOE), consideró ayer que "en muchos casos" el motivo por el que alcaldes y concejales de la provincia están inmersos en procesos judiciales por asuntos urbanísticos no se debe a "su mala fe", sino a "la falta de medios para aplicar lo establecido en la ley". "Se dilucidan en el ámbito de la justicia algunas cuestiones a las que se les podría dar respuesta y buscar soluciones dentro del propio ámbito de la política", explicó a Europa Press.
Pendón defendió este extremo argumentando que los pequeños ayuntamientos "tienen un policía local si lo tienen; un secretario que va una vez a la semana; un aparejador, que es el que ordena el desarrollo urbanístico y que va cada dos semanas, es decir, unas situaciones muy difíciles que dificultan que se cumpla lo establecido en la ley". Aún así, quiso apuntar que "las dificultades no eximen del cumplimiento de la normativa que regula el urbanismo".
En opinión del dirigente socialista, tras dos mandatos al frente de la Diputación, "nunca se va a dar la circunstancia de que un municipio de 500, 800 o 1.000 habitantes tenga en su ayuntamiento recursos suficientes como para tener a todo el personal que necesita y con dedicación exclusiva", en tanto que "es evidente que las entidades locales deberían tener más recursos de los que disponen actualmente".
