Las organizaciones empresariales de la construcción y la promoción inmobiliaria de Granada, Almería y Sevilla, junto con seis empresas promotoras de dichas provincias, han solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue el destino dado por la Junta de Andalucía a 11 millones de euros (11.033.845 ) de fondos para subvenciones del Estado que iban dirigidos a empresas promotoras andaluzas para la construcción de viviendas protegidas y todavía, transcurridos más de dos años, no se han abonado. Los inmuebles, en su mayor parte viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra ya finalizadas y habitadas. Se trata de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 y cuyos fondos parten originalmente del Gobierno Central (Ministerio de Fomento), quien, una vez conocidos los expedientes abona a la Junta de Andalucía las cuantías correspondientes, y es la Junta de Andalucía la que debe abonarlas al promotor. Este proceso se ha ido ejecutando de un modo fluido hasta el año 2010, a partir del cual las subvenciones se han dejado de abonar por la Junta de Andalucía. La denuncia se ha presentado ante la Fiscalía por vía penal, tras el anuncio realizado el pasado mes de noviembre por las organizaciones de promotores, después de haber agotado la vía administrativa y más de veinte reclamaciones desde el año 2011, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna por parte de la Junta de Andalucía. Ante esta pasividad y la ausencia de respuesta a los requerimientos de pago las organizaciones empresariales se han visto obligadas a instar a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos y / o gestión fraudulenta o negligente de subvenciones públicas. En la denuncia se aporta toda la documentación que justifica la solicitud de la investigación: desde la resolución por la que se aprueban las subvenciones hasta la carta del Ministerio de Fomento diciendo que los fondos ya han sido enviados a la Junta de Andalucía. Aunque de momento, son solo seis empresas las que se han personado en esta causa, se estima que son muchas más las pymes andaluzas del sector que están afectadas por estos retrasos, pero que de momento no han querido actuar por miedo a ser señaladas, lo que no es obstáculo para que lo hagan en las próximas semanas. La denuncia se ha presentado según los promotores- ante la desesperación de un sector acuciado por la crisis, que a pesar de todo, ha ejecutado viviendas protegidas en Andalucía en unas condiciones financieras adversas, poniendo a disposición de las familias con menos recursos, viviendas a precios prefijados y subvencionados. Estos precios, por debajo de coste, solo son posibles gracias a las subvenciones, que al no haber sido abonadas mantienen a las empresas promotoras -muchas de ellas, pequeños negocios familiares- en situación de estrangulamiento financiero próximo a la quiebra La cuestión es que años después de ejecutadas las viviendas -añaden los promotores- resulta del todo imposible tanto a empresas como a las asociaciones seguir investigando el destino de dichos fondos, haciéndose necesario que instancias superiores determinen dónde han sido aplicados los fondos, quiénes son los responsables de que no se hayan dirigido al fin para el que fueron presupuestados, y se articulen los medios para reintegrarlos a sus destinatarios en el menor plazo posible Las organizaciones denunciantes advierten que estos impagos por parte del ejecutivo autonómico en el sector de la construcción son una de las causas más señaladas de la destrucción de nuestro tejido productivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma, más de un millón de parados, de los que más de un 15% (155.046 a finales de 2013) son de nuestro sector.
