El alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), se podría enfrentar a un año de prisión y ocho de inhabilitación por autorizar edificaciones en suelo no urbanizable. Al menos ésa es la petición que hará el fiscal en el juicio, que comenzará el próximo martes.
Tanto Guerrero como el dueño de Construcción Metalúrgicas y concejal del PP, Juan Manuel Díaz, están acusados por delitos contra la ordenación del territorio. El escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Efe, relata que el constructor adquirió la parcela, no urbanizable, el 13 de abril de 2005, e inició la construcción de dos naves industriales, una vivienda y una piscina sin contar con permisos, puesto que sólo pidió licencia para cercar una finca de en torno a 8.000 metros cuadrados.
El propio alcalde, según el escrito, inspeccionó en persona la finca y remitió un escrito al empresario el 12 de agosto de 2005 en el que le comunicaba que las obras "eran contrarias al carácter rústico del suelo". El empresario solicitó permisos ante el Ayuntamiento el mismo mes, en esta ocasión para "dos naves de aperos y un pajar, un aljibe y un depósito de agua", pero el Consistorio le ordenó la suspensión de las obras y la restitución de la legalidad anterior.
El regidor, según relata el fiscal, incluso se personó el 1 de septiembre a la Guardia Civil, a la que informó de que las obras no eran "autorizables ni lo serían de futuro". Sin embargo, un mes después, Guerrero concedió la autorización al constructor para "seguir las obras de tres naves destinadas a pajar, una vivienda rural, un almacén de aperos, y la construcción de un aljibe", según el escrito de la Fiscalía.
El procedimiento penal comenzó en noviembre de 2005 y el juzgado ordenó la suspensión de la obra en abril de 2006, pero el constructor presentó un mes después al consistorio un "proyecto de actuación de cuadras y picadero para cría y adiestramiento de caballos", que dio a la vivienda rural ya construida un "destino administrativo y de servicios". El proyecto, posterior a las obras ya levantadas, fue admitido por el alcalde sin solicitar un informe de la Junta y sin pasar por pleno municipal.
La Fiscalía reseña que las construcciones "no son autorizables de acuerdo con la normativa vigente", porque "en el suelo no urbanizable no se podrán realizar más construcciones que las destinadas a las explotaciones agrícolas".
