María no acudió al acto y cuando hablamos con ella por teléfono nos pide que ocultemos sus datos. "No quiero que la gente se entere. Ha pasado y ya está, como yo hay un montón de personas. Si por enterarse la gente se solucionara algo yo lucharía pero sé que no, porque incluso los desahucios que se paran al poco tiempo los vuelven a echar", relata. Por eso tampoco apurará el mes que tiene de plazo para dejar su casa "por deber 3.000 euros". "¿Para qué, para que encima la Policía me pegue como he visto yo en la tele? Y mi madre está enferma del corazón, no quiero darle disgustos".
Antes buscará un alquiler para irse con su hijo y su actual pareja. Tras siete años trabajando en una fábrica del sector olivarero, hace tres se quedó en paro. Desde verano ha vuelto a trabajar como limpiadora mientras su pareja, protésico dental, cobra la ayuda de 400 euros tras haber agotado la prestación por desempleo. "Hablé con el banco porque yo voy metiendo lo que puedo pero me dicen que ya no les vale. Yo no tengo para dar 3.000 euros de golpe y ningún banco me da un préstamo porque estoy en el registro de morosos. Esta mañana me han llamado para ofrecerme pagarlo en cuotas pequeñas", cuenta.
Como dice María, su situación no es única. En el primer semestre de este año, se han iniciado 1.900 ejecuciones hipotecarias y 334 familias ya han sido efectivamente desahuciadas. Ayer se celebraban en Sevilla seis subastas de viviendas, tres de ellas en la notaría de Javier López Cano. El 15-M denunció que en este despacho terminan muchas de estas operaciones que deben adjudicarse por turno rotatorio por el Colegio de Notarios. Un portavoz de la notaría accedió a dar su versión, también sin nombres ni imágenes. Con la puerta entreabierta del despacho explicó que se adjudican por paquetes de viviendas y que la mayoría de las subastas quedan desiertas porque nadie acude a pujar, por lo que al final se las quedan los bancos.
Pero ese no es el fin de los problemas para el propietario. María tendrá que pagar la diferencia entre lo que le queda de hipoteca y el precio al que sale a la venta en subasta, normalmente "un 60% inferior", además de los 3.000 euros que adeuda "porque no debo tantos meses pero se suman los intereses, los gastos que ellos tienen de notaría por haberme denunciado y realizar la subasta..."
Desde el 15-M, Laura García y Carmen Gutiérrez alertan de la "vulneración de derechos" en materia de vivienda, no solo por los propietarios desahuciados sino también por los inquilinos a los que echan, "los estafados por inmobiliarias que no entregan las casas a tiempo" o "los miles de jóvenes que no se pueden emancipar" mientras hay un parque de vivienda, incluso pública, desocupada. Alertan de que son muchos los que se enteran por ellos de que van a ser desahuciados.
De eso da fe Enrique, que a base de consultar diariamente el BOP ya ha dado la mala noticia a una decena de afectados este año, entre ellos otra de las familias cuya casa se subastó ayer en la misma notaría. "Cuando fui a verlos iban con los hijos a casa de su suegra para darles de comer", recuerda. O Steve, un joven nigeriano que lleva diez años en España y cuyo piso de Alcosa se subastó en el mismo despacho hace 15 días. A final de noviembre será desahuciado junto a su pareja, embarazada y sin trabajo porque aún no tiene papeles.
"Soy cocinero y me quedé en paro en septiembre del año pasado. Fui al banco y planteé dar 300 euros en vez de los 600 mientras buscaba algo. Me dijeron que sí, que tenía que firmar una refinanciación. No me llamaban para firmarla pero estuve casi un año metiendo 300 euros al mes hasta que en agosto se presentó Enrique en casa, me quedé flipado. Si no es por él no me entero. En el banco dijeron que no sabían que todavía seguía dando el dinero". Resistirá hasta el final. Tiene un contrato a media jornada y con los 500 euros que cobra no se puede permitir buscar un alquiler.
