La Junta está decidida a dar un empujón a los ayuntamientos andaluces para que se adapten a la legalidad urbanística. El nuevo consejero de Vivienda, Juan Espadas, ultima una serie de medidas que, en último término, van encaminadas a que los municipios andaluces logren adecuar sus planeamientos urbanísticos a la legalidad vigente. Y es que el resultado hasta ahora no ha sido nada positivo. Todos tendrían que haber adaptado sus PGOU antes del mes de enero de 2007 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero tan sólo lo han hecho 60, un porcentaje mínimo a todas luces, si bien son 535 los que lo tienen en distintas fases de tramitación. Es exigible que las administraciones locales cumplan con la ley a la hora de diseñar algo tan esencial como el planeamiento urbanístico que delimitará su crecimiento urbano para los próximos años. Pero es importante que el gobierno de la región otorgue todo tipo de facilidades en cuanto a medios técnicos, de asesoramiento y tramitación para que muchos planes no queden atascados en la burocracia administrativa. Con las negociaciones sobre el Pacto de la Vivienda, se habló en paralelo de flexibilizar el POTA, lo que llevó a la aprobación de un decreto que establecía una serie de mecanismos para liberar el suelo. La Junta doblará ahora la red de oficinas de apoyo al planeamiento e intensificará la colaboración con las diputaciones. Para que la administración autonómica no sea un obstáculo, se flexibilizarán los trámites de la Junta a través de un decreto. Ahora sólo queda que este bienintencionado "plan de choque" se cumpla. No es coherente que sólo 60 de los 770 municipios de Andalucía se ajusten a la ley urbanística. Desatascando el problema se logrará desbloquear los PGOU, atajar la especulación urbanística y poder poner en carga más suelo municipal para construir viviendas protegidas.
