Dos policías locales que fueron exculpados por la Justicia de haber arrojado un petardo que causó lesiones a dos periodistas del Ayuntamiento durante unas protestas en la Plaza Nueva han denunciado a los tres policías nacionales que los acusaron de tres delitos y llegaron a detener a uno de ellos. Los ahora denunciantes consideran que la investigación se basó en un informe policial "inquisitorial, sobredimensionado, sesgado, parcialísimo y totalmente contrario a la verdadera realidad de los hechos" y en ella se cometieron "excesos legales con un total abuso de autoridad" con la intención de "doblegar al colectivo de la Policía Local o bien criminalizarlo", según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico. El documento atribuye a tres agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional delitos de prevaricación, abuso de autoridad y detención ilegal, y reclama además que se investigue qué órdenes de sus superiores pudieron seguir los policías. Se da la circunstancia de que el jefe de la Brigada de Información era en aquel entonces Demetrio Cabello, actual jefe de la Policía Local.
Los hechos se produjeron el 19 de noviembre de 2010 cuando, durante una concentración a las puertas del Ayuntamiento en la que confluyeron las protestas de varios colectivos, un petardo hirió a dos periodistas del gabinete de prensa. Un mes después, cuatro policías fueron imputados por la Policía Nacional, y uno de ellos detenido en su domicilio, por dos delitos de lesiones y uno de omisión del deber de socorro. A mediados de mayo de 2012, el juzgado de Instrucción 20 dictó el sobreseimiento "por no resultar acreditada la perpetración del delito". Los denunciantes, que aseguran no tener ninguna relación con el lanzamiento del petardo, basan su acusación justo en eso: en que la Brigada de Información tuvo en su poder desde el principio partes médicos que acreditaban que los heridos sufrieron lesiones leves, por lo que el caso debía de haberse limitado a una simple falta, pero se adoptaron medidas desproporcionadas que los denunciantes atribuyen a un intento de "doblegar" a los sindicatos municipales en sus demandas laborales.
Los policías municipales detallan lo que consideran "un abuso continuado de autoridad y de aplicación ilegítima de fuerza coercitiva" durante la investigación, y citan presiones como que uno de los imputados fue citado como testigo en la Jefatura de la Policía Nacional, pero al acudir le anunciaron "con malas formas que se le imputaría un grave delito grave" mientras le exigían "a gritos" que admitiera su participación. Otro fue detenido en su casa "con un inusual despliegue de efectivos" como si se tratase de "un terrorista o peligroso delincuente" pese a que tenía domicilio conocido y había pasado ya un mes del incidente.
La denuncia insiste en que los municipales han soportado durante un año "pena de banquillo" e incluso las dudas de sus compañeros, sin haber podido llegar a explicarse porque el caso fue sobreseído sin que llegaran a ser citados por un juez, después de que el fiscal se uniese a la petición de archivo de la defensa. Ahora reclaman que se aclare la actuación de los tres policías que los imputaron y detuvieron.
