Aún cuando haya quien lo ignore, y otros a los que interesa fomentar esa ignorancia, desde hace años en la práctica judicial y forense de nuestro país se ha comenzado a diagnosticar y reconocer la existencia de casos de alejamiento injustificado o interferencias parentales, con diferente grado de severidad, que han dado lugar a resoluciones judiciales que intentan corregir y solucionar esta forma de abuso y maltrato infantil, con el objetivo fundamental de que los niños afectados puedan recobrar una relación normalizada con sus progenitores, así como con sus dos familias y ambientes. Cabe destacar que estos hechos están dejando de ser, poco a poco, una "realidad socialmente oculta" en nuestro país, gracias a las actividades desarrolladas por diferentes personas y colectivos profesionales y sociales, que han trasladado esta realidad cotidiana al conjunto de la sociedad.
Con esa finalidad, ayer se constituyó una asociación multidisciplinar en Sevilla, en la que se han integrado jueces de familia, fiscales, abogados, profesores universitarios, psicólogos, mediadores, psiquiatras, sociólogos... hombres y mujeres comprometidos en impulsar estudios y actuaciones dirigidas a preservar el derecho de todos los menores a contar con el afecto y cuidados de sus progenitores y respectivas familias. Profesionales que asumen que el bienestar de esa infancia en riesgo no puede ser el quedar condenados a una orfandad impuesta por un progenitor obsesionado por apartar al otro de su vida, y todo ello sin prejuicios sexistas y desde un enfoque de escrupulosa objetividad, del que, por desgracia, hoy tanto se carece. No escatimaremos ánimo y esfuerzo en ese empeño.
