La capital hispalense fue ayer el lugar elegido por los grandes de las telecomunicaciones europeas para sellar los compromisos y las exigencias de un sector que se enfrenta a una expansión clave en los próximos años. Así, 37 consejeros delegados de las compañías más relevantes del Viejo Continente, reunidos por la patronal europea ETNO, firmaron ayer en el hotel Alfonso XIII la denominada Declaración de Sevilla, que persigue destacar el papel relevante de esta industria frente a la crisis y reclamar un marco regulatorio que facilite la inversión que se ha de acometer, que asciende a 300.000 millones en los próximos cinco años.
Este montante irá destinado a la infraestructura necesaria para que la UE sea un referente y tenga competitividad a nivel mundial. El lema gira en torno a la creación de una sociedad del conocimiento limpia que estimule el crecimiento económico en Europa.
"La economía digital puede sacar a Europa de la crisis, proclamaba la Comisión Europea. Nosotros creemos no sólo que puede enderezar la crisis, sino que puede conducir a la UE hacia una nueva curva de crecimiento y al logro de objetivos socioeconómicos", señala el documento. En este sentido, recoge que en "esta coyuntura crucial para nuestro sector, los miembros de ETNO exigimos un espíritu de colaboración entre los gobiernos y el sector, similar al que dio lugar al éxito de la telefonia móvil en la década de los noventa".
En esta línea se basó el discurso de César Alierta, presidente de Telefónica -compañía que actuó como anfitriona en la reunión-. Así, el directivo apuntó a la necesidad de la colaboración entre los reguladores europeos y el sector de las telecomunicaciones, una industria, dijo, que está preparada para ayudar a afrontar los retos actuales de la sociedad como son el cambio climático, la educación y los transportes.
Pero estos proyectos de tan gran envergadura necesitan de dinero, y mucho. Por ello, los representantes del sector señalaron en la Declaración de Sevilla que "la nueva ola de inversiones en la que nos encontramos exige un entorno comercial, unas políticas públicas y una normativa que propicien la inversión del sector privado, al tiempo que se mantiene un mercado competitivo para usuarios particulares y empresas".
Preguntado sobre a qué se refiere la industria cuando habla de la necesidad de poner en marcha un entorno regulatorio adecuado, Alierta respondió que es aquél "que favorece la inversión y la innovación, porque cuando las acometemos sabemos que el riesgo lo corremos nosotros, por eso no queremos que nadie interfiera, sobre todo en el tema de los precios, teniendo en cuenta que es un sector deflacionista".
Eso sí, ETNO indica en la declaración la importancia de que se den incentivos para poner en marcha las redes de acceso de nueva generación como prioridad. Así, exige a los políticos "promover el uso de las comunicaciones electrónicas para impulsar la penetración de la banda ancha y reducir las emisiones de carbono", sobre todo teniendo en cuenta que esta infraestructura "es un elemento esencial" para "contribuir a la recuperación económica de Europa".
También se refirió a este asunto el consejero delegado de la compañía anfitriona, Julio Linares. "Comprendemos plenamente que el que regula tiene que ocuparse de la competencia, pero pedimos un marco que refuerce la inversión, porque creemos que los Gobiernos y las administraciones públicas tienen que jugar un papel muy importante en la ampliación de banda".
Algo que, explicó, ayudará ahorrar casi 32 millones de toneladas de CO2 al año, además de crear un millón de puestos de trabajo en toda la UE y generar actividad económica por valor de 850.000 millones en el periodo 2006-2015.
Por su parte, el director de la patronal europea ETNO, Michael Bartholomew, aseguró que la industria de las telecomunicaciones apoyará al comisario de la UE del sector para que cambie la política que la Unión ha mantenido hasta ahora en esta materia, de forma que se incentive la inversión en infraestructuras e innovación.
Bartholomew afirmó, tras la celebración de la asamblea que ha congregado durante dos días a los delegados de la patronal europea en la capital hispalense, que "en los últimos cinco años el sector ha sufrido un nivel de regulación sin precedentes, y que esto no puede continuar", y que los directivos europeos "no podemos cambiar el pasado pero sí el futuro".
