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PP-A: La Junta ha pagado "como mínimo" 34,5 millones de euros en "comisiones abusivas" a intermediarias de los ERE

el 23 ene 2013 / 13:10 h.

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La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal  del PP-A, Ana María Corredera, ha asegurado este miércoles que la  Junta de Andalucía ha pagado "como mínimo 34,5 millones de euros en  comisiones abusivas" a empresas intermediarias en el caso de las  irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo  (ERE) tramitados por la Administración autonómica . 

En rueda de prensa, Corredera ha explicado que la Agencia  Tributaria ha incorporado a la investigación que se lleva a cabo en  el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un "informe donde se  cruzan los datos de las relaciones comerciales de las empresas  implicadas en la trama de los ERE durante los últimos cinco años  (2006-2010) y que dice que Vitalia, a través de Irson Empresarial,  llegó a recibir como comisiones de las aseguradoras Personal Life,  Fortia Vida y Generali, 23.278.170 euros".

Asimismo, este informe señala que "Uniter, la otra intermediaria  de los ERE, durante el mismo periodo, ha recibido de Banco Vitalicio  y La Estrella 11.365.033 euros", por lo que, según ha resumido  Corredera, "en los últimos cinco años, lo que no significa que no se  hiciera antes sino lo que ha ocurrido lo desconocemos, se han cobrado  más de 34 millones de euros, como mínimo, en comisiones".  

Para la 'popular', estos datos, así como los que faltan por  conocer de otras empresas intermediarias como Ingotor (la que  gestionó las pólizas de Santana Motor), Apra Leven, Primadeco o  Holding Tindex, ponen de relevancia que "la trama de los ERE  fraudulentos no solo no ha acabado sino que tiene aún mucho recorrido  judicial y político" por el que al final, según ha advertido,  "alguien tendrá que sumir responsabilidades".  

Con este informe sobre la mesa, y mientras que la Agencia  Tributaria incorpora los datos de estas otras empresas a la  investigación de los ERE, el PP-A insiste en que la Junta de  Andalucía ha pagado, "como mínimo, 34,5 millones de euros en  comsiones en estos cinco años sin ningún tipo de concurso ni  selección" y que, por tanto, "ha estado adjudicando pólizas con  sobrecostes impresionantes y con comsiones por encima de la media del  mercado en lo que supone un menoscabo de los fondos públicos, porque  no podemos olvidar que era dinero de todos los andaluces".

Ante ello, se ha preguntado si "de estas comisiones salían los  sobres de ida y vuelta a la Consejería de Empleo de los que hablaba  el otro día el señor Algarín" y "dónde estaba la transparencia del  señor Griñán cuando se pagaban estas comisiones abusivas", ya que, en  su opinión, "lo más importante" en cuanto a transparencia se refiere  es dar un uso debido "al dinero público, algo de lo que Griñán  siempre se olvida".

En este sentido, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía  que cuando hable de transparencia "no mire fuera" porque "en su  propia casa hay mucho que limpiar" y que "explique a quién se  refería" cuando el pasado lunes aseguró sobre el caso ERE, "en  palabras textuales, que hubo responsables del partido que se lucraron  en beneficio propio o familiares". Igualmente, le ha pedido  "explicaciones" para "aclarar estos datos de la Agencia Tributaria,  no del PP-A", ha enfatizado.

APOYO A LA JUEZ ALAYA

Corredera, que también ha criticado a la Administración autonómica  por estar adoptando una actitud "obstruccionista" y de "opacidad" en  la investigación judicial, también se ha referido en relación con  esta trama a la baja por enfermedad de la juez que instruye el caso,  Mercedes Alaya.

Así, y a preguntas de los medios de comunicación sobre la petición  realizada ayer por el consejero de Justicia, Emilio De Llera, de  "poner jueces profesionales" al frente de el Juzgado de Instrucción  número 6 para que la jueza no se vea "presionada" a volver, la  'popular' ha expresado el deseo del PP-A de que, sea con quien sea,  "la instrucción siga adelante" para que se determinen "cuanto antes"  las responsablidades penales, algo que permitirá, a su vez, exigir  responsabilidades política.

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