PP e IU volvieron a cargar ayer contra la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que reconoció no haber pasado a Griñán -cuando era consejero de Economía y ella su viceconsejera-los informes de la Intervención contrarios al proceso de concesión de ayudas a empresas en crisis.
Los populares pedirán en el Parlamento su reprobación y la del consejero de Empleo, Manuel Recio, por "mentir". Insisten en que Griñán, al que insisten en pedir su dimisión, conocía esos informes porque por ley le deben llegar y porque en el documento de remisión la Intervención hacía constar que se diera traslado del mismo al consejero de Economía. No creen la versión de Aguayo, que alega que se quedaron en su mesa porque no alertaban de menoscabo de fondos públicos sino de un mero desacuerdo con el procedimiento. El presidente Griñán dijo ayer que "no hay peor sordo que el que no quiere oír y sobre todo más ciego que el que no quiere leer y entender todo lo que se le ha dicho reiteradamente", y aseguró que "en absoluto" se ha planteado cesar a sus consejeros.
Desde IU, Diego Valderas, también defendió que si Griñán quiere demostrar que esa es la verdad, debe cesar a Aguayo por haberle ocultado los avisos de la Intervención. "Si le hubieran echado más cuenta a los informes de la Intervención y no hubieran pensado que era un capricho del interventor, esto no habría pasado", defendió Valderas.
Junto a la batalla política, los populares ya tienen listo también el frente judicial y hoy presentarán en los juzgados de Sevilla su querella contra "los responsables de la Junta en la tramitación de estas ayudas". Cuando anunció la querella, el pasado domingo, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aludó expresamente a a los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; al exdelegado de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas; al exdirigente de UGT en Jaén y mediador en la mayoría de los ERE Juan Lanzas, y a las posibles empresas intermediarias, si bien señaló que la denuncia podría derivar en otros dirigentes políticos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para estudiar, con alcance general, el marco regulatorio de referencia y la práctica administrativa aplicada a los ERE que recibieron subvenciones para las prejubilaciones.
