Cuando se cumplen cinco años de la invasión de Irak, el Gobierno británico está bajo presión para regular la actividad de los mercenarios de empresas de seguridad privadas que operan en zonas de conflicto, organizaciones paramilitares que a menudo actúan con impunidad.
La ONG "War on want", dedicada a luchar contra la pobreza y la injusticia derivadas de la globalización, ha amenazado con llevar al Ejecutivo a los tribunales si no actúa para controlar al sector, una industria de facturación multimillonaria que ha florecido en Estados Unidos y Gran Bretaña con las guerras de Irak y Afganistán.
En Irak, los "guardias de seguridad", que tanto protegen a individuos como vigilan infraestructuras, ascienden ya a un mínimo de 40.000, lo que les convierte en la segunda fuerza de la coalición internacional después de EEUU y antes que el Reino Unido, con menos de 5.000 soldados en la provincia de Basora.
Desde la invasión del país árabe el 20 de marzo del 2003, los efectivos de esas empresas se han visto involucrados en multitud de delitos y abusos de los derechos humanos, desde las torturas de Abu Ghraib a un tiroteo el pasado septiembre en Bagdad protagonizado por la estadounidense Blackwater, en el que murieron 17 civiles.
