Pocas horas antes de que ayer se agotase el plazo para presentar enmiendas a la conocida como ley Sinde, PSOE, PP y CiU pactaron una enmienda en el Senado que, entre otras cuestiones, prevé la necesidad de una autorización judicial previa al cierre de páginas web -proceso que podría alargarse 17 días- o la retirada de contenidos en internet, para lo cual se fija un plazo de 24 horas.
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo tendrán la potestad de interrumpir la prestación de servicios o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual y deberá dictar una resolución, a petición de los órganos competentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal, en un plazo de 24 horas siguientes a la petición.
Además, contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que, compuesta por dos secciones, desempeñará funciones de arbitraje y mediación -en el caso de la sección primera- y será la encargada de requerir al juzgado la intervención en caso de conflicto -en el de la sección segunda-.
La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, tras alcanzar el acuerdo, declaró que la enmienda "refuerza las garantías" de derechos fundamentales "que ya existían", al tiempo que expresó el compromiso del Gobierno a modificar el canon digital ajustándolo a las sentencias europeas.
No es una "derrota". En declaraciones en el Senado, manifestó que este compromiso, reclamado insistentemente por el PP, no es una "derrota" porque "alcanzar un consenso es una victoria, sobre todo, para los ciudadanos y los usuarios". "Hemos incluido el compromiso del Gobierno de modificar el canon. Esto es también importante y ya veníamos trabajando en ese nuevo modelo de canon que se ajuste a la sentencia europea", señaló la ministra. A su juicio, el consenso alcanzado con el PP "hace que se garanticen y refuercen los derechos como el de la intimidad y la libertad de expresión". Agregó que "los cambios al procedimiento mixto y judicial amplían esas garantías pero no alteran el procedimiento que había propuesto inicialmente el Gobierno", ya que "será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia, y no se actuará sin denuncia previa".
"Hay todo un procedimiento que garantiza que tanto en el momento de identificación del titular de la página como en todos los demás, pueda tener posibilidad de hacer alegaciones y retirar el contenido. Se garantiza todo el procedimiento de defensa de quien reciba esa notificación respecto a un contenido que vulnere la propiedad intelectual", explicó González Sinde.
Asimismo, indicó que han buscado un procedimiento que tenga un plazo de ejecución "lo más breve posible, pues en internet los datos se multiplican muy rápidamente y los tiempos son distintos a los de otros procedimientos". La enmienda también incluye "medidas que van a favorecer las relaciones entre entidades de gestión y usuarios, ampliando el campo de arbitraje en conflictos".
A pesar del consenso entre PSOE, PP y CiU, el acuerdo parece que no ha gustado demasiado ni a creadores, ni a la industria, ni a los internautas. El presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, afirmó ayer que es un "desastre". "Lo hemos intentado y no ha habido respuesta. Cero. Han pactado una ley que no convence a nadie", escribió en su twitter el cineasta quien se pregunta para concluir "¿dos intervenciones judiciales?". Mientras que el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, indicó que es rebajar aún más una ley descafeinada, según publicó la web de El País.
El que sí mostró su satisfacción en su twitter por el acuerdo fue el cantante Alejandro Sanz.
