PSOE-A, UGT-A y CC.OO-A expresaron ayer su firme rechazo a la privatización de determinados servicios municipales y su respaldo al mantenimiento del empleo público en los ayuntamientos de la comunidad. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, se reunió ayer con los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CC.OO-A, Francisco Carbonero, y al término del encuentro manifestó que los gobiernos de progreso en Andalucía son una garantía para el mantenimiento de los servicios públicos y del empleo público en los ayuntamientos de la comunidad y ha mostrado su preocupación por que el PP pueda aprovechar la actual situación de crisis para acometer un recorte en dichos aspectos.
Díaz exigió al PP que explique por qué "pone en cuestión" al trabajador público y por qué el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, habla de mantener el empleo en las administraciones locales con un margen de duda del 5%.
Los socialistas, según dijo, van a seguir manteniendo en los ayuntamientos andaluces una defensa "a ultranza del estado del bienestar porque esta crisis no puede ser una excusa para llevar a cabo recortes sociales como los que está planteando el PP ni van a concebir destrucción de empleo público"
Díaz anunció la creación de una mesa conformada por la Consejería de Gobernación, por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y por los sindicatos CC.OO-A y UGT-A, que se encargará de analizar la difícil situación que están pasando algunos ayuntamientos y buscar fórmulas para poder afrontarla.
Por su parte, Manuel Pastrana puso en valor que los cuatro partidos con los que se han reunido, PSOE, PP, IU-CA y PA, hayan coincidido, por un lado, en que "el despido en el ámbito municipal no va a estar en su estrategia" y que, por lo tanto, tratarán de evitarlo, y, por otro lado, en mantener los servicios públicos en los municipios.
Pastrana expresó su preocupación, no obstante, por que la privatización de servicios en municipios haya sido una constante en las dos últimas décadas a través de distintas fórmulas. Para Pastrana, las privatizaciones no sólo no mejoran la situación económica del ayuntamiento, sino que la empeoran porque se convierten en "cautivos" de grandes empresas.
Acto seguido, Francisco Carbonero advirtió a los cuatro partidos de que el compromiso que han asumido al rechazar recorte de empleo público y de servicios en los ayuntamientos es para cuatro años "y no para un rato", con lo que los sindicatos estarán especialmente vigilantes para que se cumpla.
Carbonero señaló que CC.OO siempre ha sido un sindicato defensor de la austeridad y que no quiere que bajo el nombre de la austeridad se generalice el deterioro de servicios a los ciudadanos y que la alternativa sea la privatización. En modo alguno, según ha expresado, la privatización de servicios es más eficaz ni más económica ni beneficia más al ciudadano.
Ambos sindicatos valoraron la iniciativa del PSOE que aprobó ayer el Pleno del Parlamento abogando por un gran pacto de estado para resolver la financiación de los ayuntamientos.
Arenas con CSIF. A la vez que el PSOE se reunía con UGT y CCOO, el líder del PP-A, Javier Arenas, tuvo un encuentro con CSIF. Al finalizar, Arenas anunció que si resulta elegido presidente de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas una de las diez consejerías que conformarán su futuro gobierno se dedicará "exclusivamente" al sector público, dada que la importancia que su formación le otorga al mismo.
Por su parte, el presidente de CSIF-A, Rafael Hurtado, agradeció la invitación del PP-A a la reunión y volvió a incidir sobre la necesidad de derogar la Ley de reordenación del sector público "porque se ha hecho sin acuerdo y sin diálogo". Hurtado no quiso relacionar los resultados electorales en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo con la aprobación de la Ley de reordenación, sino "al deseo de cambio que existe en la ciudadanía andaluza". "Desde CSIF deseábamos que ese cambio se produjera", añadió. Por último, el representante sindical indicó que le ha traslado al PP-A la necesidad de asegurar que, "como mínimo", los trabajadores municipales puedan cobrar sus nóminas todos los meses "en tiempo y forma".
