La Consejería de Fomento y Vivienda está estudiando la aparente contradicción en las cifras de pisos protegidos que posee el llamado banco malo la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), después de que, en una respuesta parlamentaria al diputado de IU, Alberto Garzón (que adelantó ayer eldiario.es), el Gobierno ofreciera un número de VPO notablemente inferior (96) al que se conocía hasta ahora (911). La diferencia es importante, porque el Ejecutivo utilizó la cifra de las 911 viviendas protegidas como argumento central para justificar el recurso ante el Constitucional que logró paralizar la llamada ley antidesahucios en Andalucía. Se advirtió entonces que la norma autonómica podía poner en riesgo el proceso de saneamiento de la banca y la propia economía. Fuentes del departamento de Elena Cortés adelantaron ayer que la consejería va a solicitar la retirada del recurso «por estar basado en datos falsos contenidos en informes falsos, o al menos en datos que ahora el Gobierno es incapaz de defender, y que la propia Sareb da por erróneos».
En diciembre, el Ejecutivo de Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda (ley antidesahucios), que hasta entonces había iniciado 35 expropiaciones a bancos a punto de desalojar a familias en riesgo de exclusión por impagos. El Constitucional, con siete votos de jueces a favor y cinco discrepantes, aceptó dejar la ley en suspenso como medida cautelar hasta analizar el fondo del asunto.
Para justificar el recurso, el Gobierno adjuntó un informe de la Sareb titulado Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía, donde podía leerse que «en torno a un 12% de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en territorio andaluz», un total de 6.379 viviendas. En el desglose aparecían 4.473 viviendas libres de primera residencia, 995 de segunda residencia y 911 viviendas protegidas.
Nada más conocer ese último dato, la Consejería de Vivienda abrió un expediente sancionador contra el banco malo por no haber ofrecido el inventario de esas 911 VPO en el plazo estipulado y por no haberlas puesto a disposición de los Registros Públicos de Demandantes de vivienda protegida, como establece la ley. Las sanciones administrativas que pueden tardar en ejecutarse más de un año desde la apertura del expediente ascendían a 109,44 millones.
El desconcierto en el despacho de Cortés lo ha desatado la respuesta a una pregunta escrita del diputado de IU, Alberto Garzón, dirigida al Gobierno, que entró en el registro del Congreso el pasado 20 de mayo, y a la que ha tenido acceso esta redacción. En ella, el Ejecutivo central esgrime que el procedimiento para registrar y clasificar las propiedades adquiridas por el banco malo «ha resultado enormemente complejo, tanto por las deficiencias en la información disponible, como por los lógicos errores de identificación de cada activo singular en un proceso de tal magnitud» (la Sareb absorbió todas las viviendas propiedad de los bancos que estos no lograban vender). Acto seguido, responde a Garzón que, según los registros, «la Sareb es titular de 96 VPO en Andalucía», y por último, trata de explicar la diferencia entre esta cifra y la que aparece en el informe del banco malo. «Se trata de un número sensiblemente inferior al de 911 inicialmente estimado, pero ello es debido a que las cifras inicialmente consideradas constituían datos meramente estimativos en la medida en que se basaban en la información preliminar proporcionada por las entidades financieras, no habiendo sido validados ni comprobados, y además constituían meros datos globales de volumen de viviendas, calculados mediante un proceso de simple estimación basado en los datos generales de distribución de cartera por comunidades y tipologías».
La Junta sostiene que «es inverosímil que la Sareb sólo posea 96 VPO», y denuncia que «o mintieron entonces o mienten ahora o están ocultando información que por ley deben hacer pública». Vivienda se queja de que el Gobierno califique de «estimativo» un número tan específico como 911 («no un millar ni 900») y recuerda que esta cifra, que ahora la misma Sareb pone en duda, fue el argumento principal del recurso judicial. «El Gobierno empleó datos falsos para recurrir la ley y engañó al Constitucional», dicen.
El recurso paralizó los aspectos más significativos de la ley antidesahucios, impidió que la Junta siguiera sancionando a los bancos por tener pisos vacíos más de seis meses ni expropiárselos cuando fuesen a desahuciar a familias en riesgo. Pero sí podía sancionar los incumplimientos de las obligaciones de las entidades financieras respecto a las VPO.
