El reciente incendio en la Sierra de la Plata (Tarifa) ha brindado la oportunidad de contemplar una de las peores consecuencias que la actual ordenación del territorio ha traído a la costa andaluza: la dificultad de evacuar una población a través de accesos y viario dimensionados para un número de personas que no es el que estacionalmente llega a residir.
Allí, donde la conurbación entre Zahara de los Atunes y el núcleo de Atlanterra es un buen ejemplo de lo que podría ser un nuevo municipio, coherente con la lógica territorial aunque posiblemente alejado de los actuales intereses locales, la realidad poblacional se manifiesta con aproximadamente unos 30.000 habitantes cuando, en la mayor parte del año, difícilmente pasa de 2.000 personas.
Al llegar el verano, y ante una situación de riesgo como ocurrió al producirse el incendio, aparece la perversión a la que aludía: si la accesibilidad sólo es posible por un punto, el desalojo está determinado por el mismo; pero un punto que no puede garantizar una evacuación rápida porque está dimensionado para un número menor de población.
Así nos topamos con lo vivido durante los días del incendio: un despliegue de recursos técnicos y de efectivos humanos acordes con una sociedad desarrollada, tanto en organización como eficacia, y unas limitaciones urbanísticas propias de los desmanes que caracterizan nuestro urbanismo municipal y que convierten a un territorio en una ratonera urbana. Y no cabe más argumentación que la falta de visión política de la función que debe cumplir la ordenación territorial, agravada por el poco valor que se concede a un paisaje que puede ser una fuente de recursos para el municipio y un espacio de generación de valores relacionados con el respeto medioambiental.
