La nueva Ley de reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central amenaza con dinamitar buena parte de los servicios públicos que han vertebrado a los ayuntamientos en las últimas décadas. Una estructura forjada a base de competencias en favor de los ciudadanos y que con esta nueva normativa acabaría por entregarlas al mercado, convirtiéndolas en esclavas de una mal entendida sostenibilidad financiera y dejando su futuro en manos del mejor postor, o lo que es lo mismo, del sector privado.
Todo lo que no sea rentable para las arcas municipales está abocado a desaparecer en los próximos años. Así lo recoge el anteproyecto de una normativa -amparada por Zoido cuando todavía era presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias- que iba a ser presentada en la Comisión Nacional de Administración Local de finales del pasado mes de junio. Finalmente fue eliminada del orden del día, abriéndose un periodo de reflexión que podría modificar algunos de sus puntos más polémicos, sobre todo aquellos que afectan a la eliminación de ciertas competencias, pero manteniendo los que exigen garantías financieras para sobrevivir.
Traducido a la realidad del Ayuntamiento de Sevilla, son las empresas municipales las que correrían una peor suerte. Una de las principales competencias que perdería el Consistorio sería la relativa a la promoción y gestión de viviendas, que se suprimiría. Así, al Gobierno municipal sólo le quedarían dos opciones para decidir sobre el futuro de Emvisesa, suprimirla o redefinirla hacia otros territorios aún sin explorar.
Con la sostenibilidad financiera como norte de esta ley, las expectativas del resto de empresas municipales se reducen casi a la nada. Dejando a un lado a Sevilla Global y a DeSevillaDigitalTV (Giralda Televisión), ambas en procesos de disolución, aunque con garantías de continuidad enfrentadas, la falta de solvencia económica de éstas amenaza con su cierre. No le quedará otra al Gobierno municipal, salvo que ejecute un plan de choque en dos años, con eficacia desconocida.
SIN FUTURO. Todas ellas -Tussam, Emasesa, Lipasam...- arrastran una importante deuda desde hace años que, una vez aplicada esta normativa, supondría su fin. Cifras a la que se sumó la reciente denuncia de la oposición socialista que advertía de un aumento desorbitado del gasto en auditorías externas -presagio de su disolución- renunciando así al ahorro que suponía su unificación a través de la Agrupación de Interés Económico (AIE).
Sólo sobrevivirán aquellas que en diciembre de 2014 hayan ejecutado un plan de viabilidad que garanticen un déficit cero, el resto habrán de ser disueltas. Salvo milagro, la ley a la que Zoido le dio el visto bueno dejará a Sevilla sin uno solo de los servicios públicos que constituyen un derecho para todos los sevillanos.
