Standard and Poor's considera que Andalucía es, junto con el resto de regiones del arco mediterráneo, una de las que padecerá con más virulencia la merma de sus ingresos por el parón inmobiliario. Las autonomías dejarán de recaudar 4.218 millones en 2009.
El Presupuesto de la Junta ya lo advierte: "Los buenos resultados registrados durante los últimos años como consecuencia del boom inmobiliario, con tasas de crecimiento próximas al 20%, han empezado a perder intensidad durante 2007. Esta circunstancia, junto con el comportamiento más atenuado que empiezan a mostrar los indicadores de vivienda, ha llevado a prever una variación del 6,8% para las Transmisiones Patrimoniales y de un 7,7% para los Actos Jurídicos Documentados".
Tal previsión de la Consejería andaluza de Economía y Hacienda la confirma un informe de la prestigiosa consultora norteramericana Standard and Poor's, que asegura que la desaceleración del sector se notará con especial incidencia en las comunidades del arco mediterráneo, entre las que sitúa Andalucía. La razón: que la actividad inmobiliaria se ha concentrado en los últimos años sobre todo en esas regiones y en la Comunidad de Madrid.
Según ese estudio, más de un 9% de los ingresos de esas haciendas autonómicas están vinculados a la actividad residencial y de construcción de viviendas con lo que "son más vulnerables" al frenazo del sector. La firma de calificación norteamericana considera que los impuestos procedentes de las operación del mercado residencial caerán un 37% a cierre de 2009, lo que supone una reducción en la recaudación de 4.218 millones de euros para todas las comunidades autónomas.
Las proyecciones de la agencia indican además que, a finales de 2009, se va a producir una disminución de más de un 35% en el número de transacciones, sin descartar una ligera deflación en precios a lo largo de 2009 si persisten las tendencias actuales.
Standard & Poor's asegura que los ingresos en el sector del ladrillo son el "mayor riesgo" para las finanzas públicas de las comunidades y considera que el efecto en las arcas regionales públicas no será uniforme, aunque estima que las comunidades autónomas "capearán la tormenta".
En este contexto es en el que la Junta negocia con los agentes económicos el Pacto por la Vivienda en Andalucía, que garantizaría la construcción de 300.000 VPO en una década. Para engancharse a ese acuerdo, la CEA ha exigido la flexibilización de las limitaciones urbanísticas incluidas en el POTA. Su presidente, Santiago Herrero, consideró ayer que la suavización de las medidas no se debe centrar "sólo" en los municipios pequeños, sino que quiere pedir otras cosas, como que no se computen a efectos de crecimiento los suelos industriales, algunos terciarios y la población que viva en las VPO (para que la posibilidad de crecimiento sea mayor).
Sobre la petición del PP de que se derogue el POTA, el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, sostuvo que ahora tendría menos sentido que nunca porque se están alcanzando acuerdos con los agentes sociales sobre el desarrollo urbanístico futuro.
