El acusado R.H.F., que se enfrenta a una petición por parte del fiscal de 12 años de cárcel, cumplió hasta principios de marzo con su obligación de personarse regularmente en un juzgado de Palma de Mallorca, donde reside, pero ayer no acudió al juicio que debía celebrarse en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, pese a estar correctamente citado.
El caso es uno de los afectados por el robo de más de cien kilos de cocaína y heroína en los depósitos de la Jefatura de Policía, que están siendo investigados desde hace 11 meses por Asuntos Internos, sin que se haya detenido a los autores de la sustracción. Como sólo los policías de la unidad antidroga -Udyco- tenían acceso a esos almacenes, se consideró que al menos un agente tuvo que estar implicado. Los ladrillos de droga fueron sustituidos por otros de idéntico aspecto, pero hechos con sustancias inocuas, posiblemente por traficantes que colaboraron con los agentes que dieron el cambiazo. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, insistió ayer en Málaga en su convicción de que la Policía y el juez del caso lograrán aclarar las circunstancias del robo.
El acusado en este juicio fue detenido en febrero de 2008 en el aeropuerto con unas máquinas de amasar procedentes de Brasil vía Lisboa, una ruta caliente de la cocaína en los últimos años. En ellas había cinco kilos de un polvo que el laboratorio de la Policía identificó como cocaína, aunque el análisis oficial de la Delegación del Gobierno determinó un tiempo después que se trataba de harina.
Ello obligó a dejar en libertad al presunto traficante en diciembre de 2008, a la espera de un tercer análisis realizado sobre las muestras de control que se toman de todos los alijos y que permanecían custodiadas por la Policía.
Este tercer análisis, aportado ayer a la causa, ha identificado la sustancia como cocaína, pero su pureza ha pasado del 72% que arrojó el primer análisis de la Policía al 37% de este último. La defensa pide la absolución al considerar que estas "extrañas" diferencias de pureza indican que no se trata de la misma droga.
R.H.F. sostiene que iba a poner un negocio de churros y para ello compró unas máquinas de amasar, lo que explicaría la presencia de harina en su interior.
El tribunal dictó una orden de búsqueda y captura a petición de la Fiscalía, que entiende que es la única manera de garantizar la asistencia del acusado la próxima vez que se le convoque a juicio. Su abogado se opuso, sin éxito, alegando que su cliente no acudió "por causas racionales y de fuerza mayor" que no especificó.
