Son los seis abogados que, entre defensas y acusación particular, están inmersos en uno de los casos más mediáticos y que más polémica han creado no sólo en Sevilla, sino a nivel nacional. Sin duda el crimen de Marta del Castillo es uno de los procesos más complicados desde el punto de vista jurídico por la gran cantidad de elementos que lo hacen peculiar, como reconocen los propios letrados.
En muchos casos, los autores de un crimen acaban confesando e incluso colaboran para llevar hasta el cuerpo de la víctima. En éste, un año después el paradero de Marta sigue siendo un misterio, pese a que se le ha buscado en numerosos lugares, además de los tres grandes rastreos en el Guadalquivir, el vertedero y la zanja de Camas.
Los cinco imputados, salvo dos de ellos, han cambiado sus declaraciones, dando lugar a un entramado de confusión y mentiras, en especial Miguel Carcaño, el asesino confeso. Pese a que él ha reconocido que acabó con la vida de la joven, ha dado cuatro versiones distintas de cómo ocurrieron los hechos el pasado 24 de enero de 2009, hace ya casi un año.
No hay un relato estable sobre el que las acusaciones puedan basarse en sus escritos para reclamar las penas. Tendrán que montar la historia según las pruebas con las que hayan podido confirmar los hechos. Algunos juristas aseguran que la simple autoinculpación de Carcaño es suficiente para seguir adelante con la acusación. De hecho, en ello se basa la Fiscalía y la familia de Marta para imputarle la violación.
La otra duda que se plantea es si hay base suficiente para acusar sin el cuerpo. Ya hay precedentes, como el caso de Publio Cordón, pero aún así queda la duda de si las acusaciones lograrán las penas máximas para los imputados, sobre todo para Miguel y El Cuco, el único menor implicado en el caso, a los que se les considera autores de la muerte de Marta.
El momento de que cada abogado saque su estrategia a relucir se aproxima. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que son las acusaciones quienes tiene que amarrar todas las pruebas para lograr una condena, ya sea ante un jurado o ante un tribunal profesional. Las defensas, garantes de los derechos de los imputados, tienen que desmontar los relatos y aportar sus pruebas.
Cada uno tiene una impresión del caso y una tarea distinta, según el papel que le haya tocado jugar.
