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Será indemnizado en 13.502 euros al caerse de un tobogán en su escuela

el 19 jun 2010 / 10:32 h.

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La Consejería de Educación de la Junta ha sido condenada a indemnizar en 13.502 euros a los padres de un niño de 4 años que sufrió una fractura de húmero al caerse del tobogán de su colegio, que no cumplía la normativa y era "peligroso para los niños".

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la que ha tenido acceso Efe, explica que el niño se cayó el 13 de octubre de 2005 durante el recreo en el Colegio Público Andalucía, en Sevilla, y, tras la fractura del cóndilo humeral, fue intervenido dos veces, por lo que la última consulta médica no se produjo hasta junio de 2006.

Dice la sentencia que las lesiones "fueron consecuencia de las defectuosas instalaciones del colegio, concretamente el tobogán y superficie en la que se levantaba".

Según los informes del director del centro y la Coordinadora de Educación Infantil, los juegos no cumplían la normativa vigente y el material "era peligroso para los niños".

La Administración, a la que su personal advirtió del defecto, "debió tomar medidas para adecuar los columpios al fin destinado", añaden los jueces.

Precisa la sentencia que, aunque la construcción del tobogán no fuera antirreglamentaria, está demostrado que causó las lesiones sufridas por el niño cuando se cayó desde una altura de un metro.

El abogado de los padres, José María Ruiz Bobillo, ha explicado a Efe que la indemnización acordada tiene en cuenta los tres días de hospitalización del menor, los 243 días hasta su alta definitiva y las secuelas de codo doloroso, limitación de movilidad y perjuicio estético.

El TSJA ha anulado así una sentencia anterior del juzgado de lo Contencioso 8 de Sevilla, que desestimó la demanda por haberse presentado fuera de plazo.

No lo entiende así el alto tribunal andaluz, según el cual aunque el niño recibió el alta el 2 de junio de 2006, acudió de nuevo a consulta el 15 de junio para la retirada de los puntos, y por tanto los plazos no habían caducado cuando los padres presentaron, el 8 de junio de 2007, su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Ello se debe a que, hasta la retirada de los puntos de sutura "no se podía saber el alcance de las secuelas", y por lo tanto cuando los padres reclamaron a la Administración no habían prescrito los plazos.

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