Tussam, la empresa municipal de Transportes de Sevilla, vivió ayer un nuevo capítulo de conflictividad laboral con la baja sin previo aviso de 200 conductores que no acudieron a su puesto de trabajo, lo que provocó numerosas colas en las paradas, dejando en servicio sólo un tercio de la flota de autobuses. La radical acción de protesta motivó que miles de sevillanos llegaran tarde al trabajo ya que los paros se iniciaron en hora punta. Baste como ejemplo el hecho de que hasta las diez y media de la mañana no entró el primer autobús de línea en la Encarnación. La protesta, convocada por la agrupación sindical de conductores, mayoritaria en la empresa, se llevó a cabo en respuesta al reciente suicidio de un empleado que llevaba un año de baja por depresión y que fue identificado por la Policía como autor de los actos vandálicos que provocaron daños en las lunas de autobuses por valor de 210.000 euros durante la pasada huelga en la Feria de Abril. Un hecho tan lamentable y luctuoso no debe servir de punta de lanza a los sindicatos para paralizar la ciudad sin previo aviso. La familia está en su derecho de denunciar a la empresa municipal, que niega la más mínima relación con el fallecimiento. Pero los representantes de los trabajadores deben saber que los problemas con el ayuntamiento no se arreglan tomando como rehenes a los sevillanos ni destrozando los autobuses como ocurrió en la pasada huelga. El gobierno de la ciudad debe actuar decididamente contra aquellos que dinamitan la convivencia y utilizan una empresa pública como plataforma para primar los intereses propios sobre los de la ciudad. Un lamentable suceso como ha sido la trágica muerte de un trabajador de Tussam no da carta blanca al comité de empresa para proferir a los gobernantes de la ciudad los graves insultos que lanzó a las puertas del ayuntamiento. Urge el diálogo, pero también la disciplina necesaria en toda empresa pública.
