Los alcaldes del Partido Popular controlarán siete de cada diez euros de los principales programas del decreto-ley contra la exclusión social aprobado por el Gobierno andaluz de PSOE e IU. Según los datos de un informe elaborado por la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, los ayuntamientos del PP podrán gestionar 26,4 de los 40 millones de euros destinados a contrataciones temporales (de 15 días a tres meses) para parados de larga duración. En total, el 64,59%. En manos del PSOE queda el 25,92% (10 millones de euros) y de IU el 4,9% (1,7 millones). Respecto a los 20 millones destinados a salvar unos 2.300 contratos de ayuda a domicilio, amenazados por los recortes en dependencia, los ayuntamientos populares controlarán el 79,81% (15,9 millones).
Las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno andaluz, dotadas con un total de 120 millones de euros, han abierto una guerra política entre la Junta y el PP, que avisa de que sus alcaldes no pueden asumir el coste de los contratos temporales previstos para los desempleados en peor situación. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), controlada en este momento por los populares, ha encargado un informe jurídico ante las inconcreciones de un decreto que, aseguran, no deja claro cómo se van a pagar estos salarios.El Gobierno andaluz asegura que este programa, que prevé 40.000 contrataciones en Andalucía, no menoscabará las arcas municipales y que el dinero llegará a tiempo desde la Junta. La fórmula de pago deberá de concretarse, señalan fuentes del Ejecutivo, una vez que se cierre el plazo para que los ayuntamientos se sumen a este plan de ayuda, que expira el próximo miércoles 22 de mayo. La organización Cáritas, que ha criticado que la Junta ponga en marcha este plan contra la exclusión mientras recorta los fondos que destina a organizaciones sociales y ONGs, ha avisado de que hay ayuntamientos que le han pedido ayuda para gestionar este nuevo programa social.
La Junta ha dejado en manos de los ayuntamientos la mitad de los 120 millones con los que ha dotado su plan contra la exclusión.El Programa de Ayuda a la Contratación divide sus fondos entre los municipios según su población y su índice de paro. El PP que ganó en votos en las pasadas elecciones municipales controla las grandes ciudades andaluzas y por tanto, la mayor bolsa económica de este decreto. Sevilla es la ciudad que más dinero recibirá, 3,3 millones de euros. Desde su Ayuntamiento señalaron ayer que aún no han presentado la solicitud para adherirse a este nuevo programa de empleo pero que lo harán dentro del plazo previsto, tras elevar varias consultas sobre la aplicación del mismo. Como otros muchos consistorios del PP, exigen conocer exactamente en qué momento se van a transferir los fondos para pagar a los trabajadores. Existen también dudas sobre los salarios a abonar, ya que el decreto subraya que no podrán estar por debajo de lo estipulado en el convenio municipal. En el caso de Sevilla, lo fijado por convenio está por encima del salario medio de 1.000 euros mensuales que calcula la Junta por trabajador. Esto obligará al ayuntamiento a una aportación suplementaria que deberá salir íntegramente de las arcas municipales.
Otra dificultad reside en diseñar qué tipos de trabajo se ofertan.El requisito es que sean servicios de especial interés para la comunidad y no pondrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados en el Ayuntamiento. Los destinatarios deben tener entre 18 y 65 años, llevar como mínimo un año ininterrumpido en el paro, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a 798 euros al mes (1,5 veces el Iprem) y acreditar riesgo de exclusión social.
