¿Se imagina entregar todos sus ahorros para poder tener una vivienda que no existe? Eso es lo que le ha ocurrido a los adjudicatarios de 72 viviendas en régimen de VPO que se iban a levantar en Tomares, que después de dos años pagando no tienen más que el esqueleto de un edificio, cuando los pisos deberían haberse entregado en el tercer trimestre de 2011, hace ya un año.
"¿Ese dinero dónde está, si nos dijeron que iba destinado a nuestro piso, y no existe? Que me digan dónde está", se pregunta Toñi Conde, una de las afectadas que tiene entregados más de 26.000 euros. Su ilusión cuando arregló los papeles en 2008 era comprarse un piso con su pareja. Cuatro años después siguen viviendo con sus respectivos padres y sin poder ni siquiera irse a vivir de alquiler. "A mí me da vergüenza porque le debemos dinero a mis padres y a mi suegro", dice Mario, su novio.
Ellos han removido suelo y tierra en busca de una solución a su problema, pero se han encontrado "todas las puertas cerradas y me siento desprotegida". Junto con otros afectados, han acudido a la promotora de la obra, el Grupo Ferro, al Ayuntamiento de Tomares y a la Junta de Andalucía, "que es la que certifica las viviendas como VPO". Nada. Lo único que han conseguido hasta ahora es que el Grupo Ferro les ponga sobre la mesa un acuerdo en el que se compromete a devolverles el dinero en un año, si no "nos ofrece un solar, que también está en Tomares, para todos los afectados y encima es un terreno que tiene cargas. No vamos a firmar eso", explica Amelia Almorza, otra de las afectadas.
En su caso, el piso se lo adjudicaron a su pareja, Manuel Gómez, con la idea de iniciar una vida en común. "Estamos viviendo de alquiler, y durante años hemos tenido que estar pagando los dos pisos, lo que suponía más de mil euros mensuales", señala. "Hicimos nuestros números calculando que el piso nos lo darían a finales del año pasado", señala Manuel, "y ahora tenemos que estar pidiendo dinero hasta a nuestra familia". Están decididos a llegar a los tribunales si hace falta, pues ya están buscando un abogado que lleve a todos los afectados y plantear una demanda en común.
Según el proyecto, que aún está en la pagina web del Grupo Ferro, en la zona se iban a construir 400 VPO, además de espacios verdes. El Residencial Aldana estaría compuesto por cuatro bloques, de los que tres se han finalizado, aunque uno de ellos está sin entregar "por problemas". El edificio Airén es el único que no se ha terminado y desde marzo de 2012 la obra se encuentra parada y lo único que hay en pie es el esqueleto. "Ya no nos fiamos de si tenían o no intención de levantarlo o si lo han hecho para justificar que está ahí nuestro dinero", afirma Octavio, otro afectado.
Él ha invertido todos sus ahorros en esta vivienda, "y ahora no nos podemos meter en otra", así que no tiene más remedio que seguir viviendo con sus padres, mientras su pareja, Macarena, continúa con los suyos. "A veces paso más tiempo en casa de mis suegros para pasar tiempo con ella", explica, a lo que ella añade que están buscando un piso de alquiler, "pero que no supere los 400 euros porque no podemos pagar más".
Sus pocas esperanzas están puestas en una próxima reunión que mantendrán en la Delegación Provincial de Vivienda, y esperan que tanto el edil de Urbanismo como el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, les atiendan en una reunión. "Queremos una respuesta, porque todos nos remiten a la promotora y ésta dice que el banco le tiene bloqueado 12 millones de euros y que por eso no puede seguir con la obra", comenta Toñi. También lamentan que el seguro colectivo que firmaron cuando la adjudicación "ahora no sirva para devolvernos nuestro dinero". El Ayuntamiento no ha querido hacer ninguna declaración al respecto.
