Hay casi 650.000 sevillanos que viven en municipios cuyos ayuntamientos no cuentan con un plan de emergencias para actuar ante una catástrofe natural o cualquier siniestro. No son una excepción. En Andalucía, sólo 106 corporaciones del total de 770 cumplen con su obligación legal.
"Hay emergencias que parece que no se van a producir, pero se producen". Este convencimiento es el que llevó ayer a la consejera andaluza de Gobernación, Clara Aguilera, a hacer un llamamiento a los ayuntamientos andaluces para que aprueben planes que establezcan cómo actuar cuando hay emergencias como las que se produjeron la semana pasada en parte de España a causa de las intensas nevadas. Hay tres leyes que les obligan -dos estatales y una autonómica- a elaborar esos documentos, que la Junta de Andalucía tiene después que homologar. Su cometido es revisar que en ese municipio se dan las condiciones suficientes para responder ante las emergencias, en función de los riesgos a los que está expuesto por su orografía o por otras circunstancias.
En Andalucía son pocos los ayuntamientos que han cumplido con su deber. Más de un 86% no cuenta con un plan homologado: sólo 106 del total de 770 municipios lo tiene en vigor, según la información facilitada por la Consejería de Gobernación. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la titular de este departamento, Clara Aguilera, hizo una confusa explicación de la situación actual al asegurar que se habían superado con creces los plazos establecidos por la Unión Europea para tener planes de prevención municipal. Fuentes de su departamento aclararon después a este periódico que ninguna de las leyes sobre la materia fija un plazo para que los ayuntamientos cumplan.
Lo que sí sostuvo la consejera con determinación es que éstos "y todas las administraciones locales tienen que tomar conciencia ante la potencialidad de riesgos". Puso como ejemplo hipotético de la trascendencia de estas actuaciones el accidente aéreo de Barajas del verano pasado: "No sé si el Ayuntamiento de Madrid tenía un plan, pero no es lo mismo tenerlo que no tenerlo".
Todas las capitales y grandes ciudades están prevenidas -al menos legalmente- ante eventuales emergencias, pero hay cuatro poblaciones de más de 50.000 habitantes (El Ejido, Roquetas de Mar, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda) que no lo tienen. Y son 13 las ciudades de más de 20.000 habitantes que tampoco han hecho nada al respecto, entre ellas Nerja, Almonte, Martos, Baena o Níjar. Todas ellas tienen atribuidas por ley más competencias que el resto -y, por tanto, más responsabilidad- en materia de protección civil.
En Sevilla, sólo 15 ayuntamientos de los 105 de la provincia tienen en vigor su plan de emergencias. Entre ellas están todas las ciudades más habitadas salvo Carmona, Tomares y Morón de la Frontera. Sevilla capital homologó su plan en 2001 y el último municipio en hacerlo fue Lora del Río, en noviembre pasado. Pero sigue habiendo casi 650.000 habitantes de la provincia (donde viven 1.875.462 personas, según el último padrón municipal) sin cobertura prevista.
Las 106 corporaciones locales comprometidas con esta causa -que implica inversiones para tener las instalaciones a punto- lo han hecho de forma paulatina. En 2008 se incorporaron ocho y en 2007, año electoral en los municipio, sólo uno.
Pese a la pasividad generalizada, desde ayer hay 613 ayuntamientos que tienen otra responsabilidad relacionada con las emergencias. Tendrán que aprobar un plan de actuación local que complemente el plan regional sobre riesgo sísmico en Andalucía, al que dio luz verde ayer el Consejo de Gobierno. Ese documento incluye un mapa de zonas calientes en la comunidad autónoma y un protocolo de actuación en caso de terremoto.
