Qué duda cabe que la primera inquietud que tiene un empresario a la hora de iniciar su experiencia de internacionalización es, además de analizar el potencial de sus productos y servicios en el mercado hacia el que se dirige, saber que cuenta con seguridad jurídica, imprescindible para acometer una inversión con garantías. En este punto, el embajador de Colombia, Orlando Sardi de Lima, dejó claro a los empresarios andaluces que pueden estar tranquilos. "No podemos correr el riesgo de fallar en seguridad jurídica, porque somos los primeros interesados en que vengan inversionistas a desarrollar nuestro país". El Gobierno respeta las reglas del juego, que están recogidas en la norma constitucional, con lo que no hay posibilidad de salirse de ellas, aseveró. Y puso como ejemplo que "no ha dejado de pagar un crédito ni ha entrado en mora".
Y es que están muy recientes las nacionalizaciones de filiales de empresas españolas en países suramericanos, que generan incertidumbre a la hora de dar el salto y emprender proyectos.
No es solo esta seguridad la que preocupa. Pero en el otro ámbito, más allá del jurídico, también se abre un nuevo periodo esperanzador. No en vano acaba de iniciarse hace apenas unos días el proceso de diálogo entre las guerrillas de las FARC y el Ejecutivo colombiano en La Habana, con el gesto de alto el fuego de forma unilateral, al menos hasta el próximo 20 de enero, para dar margen a las negociaciones de paz. Sardi de Lima no eludió referirse a este conflicto, que explicó que nació alimentado por el narcotráfico y la fuerza que llegó a albergar.
Otra de las preocupaciones latentes entre el empresariado, máxime en el actual contexto de crisis financiera y reducción de crédito, es la capacidad que el Gobierno de Colombia tiene para soportar esos volúmenes tan fuertes de inversión pública en infraestructuras, vivienda, etcétera. A este respecto, el embajador reseñó que el presupuesto de gasto del Gobierno para estos capítulos es "muy importante", pero admitió que es tal el volumen de obras pendientes y como tampoco se puede descuidar el déficit fiscal, por eso la fórmula elegida para llevar a cabo estos proyectos es la colaboración público-privada.
Y es que el Gobierno que preside Juan Manuel Santos no quiere cometer los mismos errores que en el pasado, cuando se anticipaba hasta el 50% de la inversión pública. El resultado en muchos de los casos fue que las empresas cogían el dinero, pero no terminaban el proyecto.
El embajador enfatizó que en la última década se han emprendido una serie de reformas estructurales, que afectan a los ámbitos tributario, laboral, sanitario, de las telecomunicaciones, petrolero y el país presume de seguridad y estabilidad que ha hecho disparar la presencia de inversores extranjeros.
Para todos los empresarios interesados en cómo concretar y cómo conocer más en detalle los procedimientos para invertir en Colombia, Sardi de Lima anunció que pretende traer el próximo enero a España a la ministra de Transportes y Obra Pública para que sea ella, de primera mano, quien solvente todas las dudas de los empresarios y abunde en la filosofía de la colaboración público-privada en la que se quiere apoyar el país.
