El magistrado que preside el juicio de Marta del Castillo, Javier González, acaba de suspender la primera sesión, que apenas ha durado dos horas, para resolver las cuestiones que han presentado los abogados de los cuatro acusados. El tribunal ha explicado que debe resolver las cuestiones de calado antes de comenzar a tomar declaración a los imputados.
Los letrados han solicitado la inclusión de nuevos testigos, como el presidente de la comunidad de vecinos de León XIII número 78, donde se encuentra el piso de Miguel Carcaño, para preguntarle si existen lugares en las zonas comunes en los que hubiera podido esconderse la silla de ruedas en la que se supone que sacaron el cuerpo de Marta de casa de Miguel. También han reclamado el testimonio del comisario Manuel Piedrabuena, jefe de la Policía Judicial y de la investigación del caso , para que aporte una visión general puesto que son varias las brigadas que han participado en las pesquisas.
El abogado de Javier ha presentado varias cuestiones de nulidad por considerar que las escuchas telefónicas no fueron realizadas con las garantías suficientes; que los abogados de los acusados no tuvieron acceso a las cintas en las que quedaron grabadas a la vez que el fiscal, lo que mermó sus posibilidades de defensa; o que Javier estuvo en una de las reconstrucciones de los hechos sin que lo acompañara un abogado.
Al comienzo de la sesión de hoy, el fiscal y la familia de Marta del Castillo han recordado en sus escritos de acusación que, además de violar y matar a la joven en enero de 2009, los cuatro procesados por la desaparición y muerte de Marta han logrado que su cuerpo nunca haya sido encontrado, a pesar de las titánicas búsquedas que se realizaron en el río Guadalquivir, el basurero de Sevilla y una zanja de Camas. Con la lectura de los escritos ha comenzado, a las diez y media de la mañana y con media hora de retraso, la primera jornada del juicio por el crimen en el que Miguel Carcaño se enfrenta a 52 años de cárcel por la violación y muerte de la chica, y su amigo Samuel Benítez, su hermano Javier Delgado y la novia de éste están acusados de encubrimiento.
En la primera fila del banquillo se sientan María, Javier y Samuel, y detrás Miguel entre dos policías, de forma que está situado justo detrás de su hermano. Detrás de él se ha colocado un tercer policía nacional que impide casi por completo que el público pueda verlo .
A la derecha de los acusados están el fiscal del caso, la fiscal de Menores y los abogados de la acusación particular, que ejerce la familia. A la izquierda, los abogados de los cuatro acusados.
En el relato de acusación del fiscal se recuerda que la tarde del 24 de enero de 2009 Miguel y el menor conocido como El Cuco, que ha sido juzgado aparte, estaban en su piso con Marta cuando Miguel sugirió que se acostara con él, "negándose ésta tajantemente", tras lo que empezó a golpearla con los puños en la cara, a lo que se sumó el menor. Luego la trasladaron al dormitorio, aturdida y sangrando por el rostro, y sacaron de un cajón una navaja "conminando con ella a Marta para que mantuviera con los dos relaciones sexuales". Entre ambos la desnudaron de cintura para abajo y le metieron en la boca un calcetín.
Miguel la violó primero y luego lo hizo el menor, según el fiscal, que prosigue que entre los dos colocaron a Marta de rodillas en el suelo, sujetaron sus manos con cinta aislante para que no pudiera defenderse y el menor colocó una alargadera en su cuello hasta asfixiarla. Una vez comprobaron que no respiraba, tras unos minutos de nerviosismo, decidieron llamar a Samuel, a quien contaron lo que habían hecho. El menor quedó en verse con él y Miguel y el menor envolvieron a Marta en una manta y recogieron sus efectos personales y la alargadera, comenzando a limpiar la sangre y otros restos. Miguel coincidió en la vivienda con su hermano Javier, al que habría contado con detalle lo sucedido. También coincidieron con María, a quien tanto Miguel como Javier relataron lo ocurrido. María y Javier, "pese al detallado conicimento de lo sucedido" y a que habían visto el cuerpo, no sólo decidieron no denunciarlo a la Policía sino que ayudaron a ocultar el cuerpo de marta y sus efectos.
Cuando llegaron Samuel y el menor, Javier lo amenazó diciéndole que si decía algo le ocurriría algo muy grave a su familia; y los cuatro decidieron hacer desaparecer el cuerpo de Marta. Luego terminaron de limpiar el piso, tiraron la navaja a un husillo, pusieron a Marta sobre una silla de ruedas y metieron el cuerpo en el vehículo en el que acababa de regresar el menor, acompañado por Samuel. Luego se dirigieron "a un lugar no determinado donde dieron al cuerpo un destino desconocido". Los procesados se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo, recuerda el fiscal, "llegando a ofrecer distintas versiones erráticas" a sabiendas de que de esta forma los familiares de Marta no podrían dar sepultura al cuerpo, provocándoles inquietud, ansiedad y profundo dolor. A causa de esto se produjeron intensas labores de búsqueda del cuerpo en el río, el vertedero de basuras y una zanja de Camas que costaron 616.000 euros.
El fiscal considera que los hechos son constitutitos de un delito de asesinato, dos de agresión sexual, uno de encubrimiento, otro de amenazas condicionales y otro contra la integridad moral.
El escrito de acusación de la familia de Marta, mucho menos detallado, coincide en lo esencial con el del fiscal aunque asegura que se desconocen las causas por las que Miguel atacó a Marta y recuerda que, tras matarla, Miguel y el menor se aseguraron de que no estaba viva empleando un tensiómetro para ver si tenía pulso. La familia considera que entre todos los acusados "prepararon el modo de hacer ineficaz la investigación y han conseguido su propósito de impedir a la familia encontrar el cuerpo de Marta", dirigidos por Javier, que amenazó al menor para garantizar su silencio.
Los abogados dirimen en estos momentos cuestiones procesales, como la petición de la familia de que el tío de Marta pueda declarar al principio del proceso en vez de al final, para poder asistir al resto de las sesiones (a las que no puede acceder hasta que dé su testimonio para evitar quedar contaminado) o la petición de que preste testimonio el jefe de la Policía Judicial, Manuel Piedrabuena, para que dé una visión de conjunto de las investigaciones, en las que han participado distintos grupos de esta brigada como Homicidios o Menores.
La familia también han presentado una cuestión de inconstitucionalidad por la celebración de dos juicios sobre un mismo asunto , como establece la ley al haber acusados mayores y menores de edad. Los letrados de las partes responden en estos momentos a estas cuestiones planteadas.
