El Tribunal Constitucional sigue desenmarañando la red de recursos tejida durante los años de confrontación entre la Junta y el Ejecutivo de Aznar. En ninguno de los tres casos resueltos se da la razón al Gobierno andaluz. El último, a cuenta del reparto de fondos del Estado para 2003.
Por tercera vez consecutiva, el Tribunal Constitucional ha rechazado los planteamientos de la Junta sobre la financiación del Gobierno de José María Aznar a través de sus presupuestos estatales. Tras los fallos sobre la deuda histórica (referido al Presupuesto de 1998) y las cuentas del Ejecutivo del PP de 2002, la última sentencia del Alto Tribunal se refiere a las cuentas de 2003, recurridas por el Consejo de Gobierno de la Junta, que consideraba que las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia y las cuantías fijadas en la sección 32 de los Presupuestos vulneraban la Carta Magna. El Constitucional desestima tal recurso.
La sentencia no aprecia un cálculo "incorrecto" como sí veía la Junta, que denunciaba una merma de 173,8 millones del Fondo de Suficiencia. Según los cálculos de la Administración andaluza, la cantidad consignada en las cuentas debería ser de 6.615 millones y no 6.441,9.
El Constitucional sostiene que "no pueden atenderse las quejas de inconstitucionalidad" que Andalucía imputa a la norma pues "no se ha producido situación de inseguridad jurídica alguna" y tampoco ve una "falta de claridad o confusión normativa" que pueda generar en la comunidad una "incertidumbre insuperable acerca de la conducta que deba adoptar". La sentencia considera que no puede apreciarse "vulneración del principio de suficiencia financiera ya que ésta "dependería de la existencia de una minoración en los ingresos a percibir que, al no haberse producido, impide apreciar la citada lesión".
El recurso inicialmente presentado por la Junta afectaba a más artículos. Los acuerdos con el nuevo Gobierno del PSOE permitieron la retirada de la mayoría de las impugnaciones. Sólo sobre las cuestiones sobre las que no hubo acuerdo se mantuvo abierto el frente judicial.
