Todos tienen voluntad de que se esclarezca la verdad, pero todos, a su vez, acusan al contrario de dificultar el trabajo de la comisión de investigación de los ERE. Así podría resumirse los días previos a la comisión parlamentaria que arranca hoy . El fuego cruzado que se ha establecido entre PSOE e IU y PP se mantuvo hasta ayer, y previsiblemente, se mantenga, como mínimo hasta el 31 de agosto, día en que acaba la comisión.
Los tres grupos políticos -PSOE, PP e IU- se ponen como ejemplo a seguir, pero ninguno se molesta en hacer autocrítica. Es más, se limitan a señalar a su adversario político como culpable por no aportar la documentación requerida en la comisión de investigación. Ayer era el PSOE, de mano de su portavoz parlamentario, Francisco Álvarez de la Chica, quien acusaba al Gobierno central de haber remitido "cero información" a la comisión de investigación sobre el Expediente de Regulación de Empleo de la Faja Pirítica de Huelva. Un punto que instantes después negaba el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, quien recurrió a la documentación aportada por la Junta para asegurar que "no había procedimiento ni publicidad" en la concesión de las ayudas, "que nada se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía porque había ánimo de ocultar" las referidas subvenciones, que "nada se ha hecho por recuperar el dinero defraudado"y que "miles de expedientes han sido eliminados" para "evitar que se conozca la verdad". Una vez más, ambos decidían negar la mayor y acusar al contrario de juego sucio, en algo que empieza a ser habitual.
Confrontaciones aparte, sólo hay un punto en el que PSOE, PP e IU sí se ponen de acuerdo: en el deseo de llegar "al fondo" del asunto y que se depuren responsabilidades políticas. Eso al menos es lo que dicen los tres grupos parlamentarios, aunque también los tres dudan que su adversario político comparta el mismo objetivo.
Por delante, nueve días de declaraciones para, al menos, intentar demostrar que sí.
