El 4 de abril, la juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, firmó un auto en el que formalizaba la imputación del primer teniente de alcalde y candidato de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, en la investigación abierta por la supuesta venta fraudulenta del suelo de la empresa de mercados a Sando. Tres días después, este auto fue notificado a todas las partes personadas y se difundió a través de todos los medios de comunicación. Ayer, 14 días después, el cabeza de lista de la federación de izquierdas, que ya ha decidido que continuará su carrera electoral pese al lastre que supone su imputación, decidió personarse con abogado y procurador en el Juzgado para conocer los detalles del caso y entrar a formar parte del proceso judicial. Pese a esto, según fuentes de la federación, al acudir al juzgado aún no había recibido notificación formal alguna de su imputación.
El auto del 4 de abril, que ha abierto un amplio debate sobre la continuidad de Antonio Rodrigo Torrijos como candidato por IU, no señala delitos concretos atribuibles al primer teniente de alcalde ni fija una fecha para su declaración en el Juzgado. Además, vincula su imputación a la denuncia por delitos societarios de la asociación de mayoristas de fruta, accionista minoritaria del mercado. Sin embargo, sí establece el papel que, según la magistrada, ejerció Torrijos en la empresa de mercados: “Del resultado de las pruebas practicadas hasta la fecha, se deduce la responsabilidad y activa participación de Antonio Rodrigo Torrijos en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria e indiciariamente y de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos a Sanma”. Con esta base, se le da al que entonces era vicepresidente de Mercasevilla la posibilidad de personarse en la causa con abogado y procurador. Pese a no haber recibido formalmente este documento, Torrijos, a raíz de las informaciones que ha conocido a través de los medios, decidió ayer dar este paso y empezar a formar parte de la causa.
Torrijos, al igual que ya han hecho las direcciones local, regional y federal de IU ha defendido en repetidas ocasiones su inocencia tras conocer el auto de imputación. Sus argumentos se basan en que se limitó a defender el concurso público en lugar de una subasta para evitar la especulación y abaratar el precio de las futuras viviendas; que en ningún momento obtuvo beneficio alguno de la operación y que no participó ni en la elaboración del pliego de condiciones ni en la adjudicación posterior a Sando. Sí votó a favor de ambos trámites en el consejo de administración, al igual que hicieron el resto de partidos políticos, al contar con los “avales técnicos, jurídicos y funcionariales”.
