Tussam va a abonar en la nómina de este mes la cuantía que descontó a unos 400 conductores que no fueron a trabajar el 18 de noviembre tras el suicidio de un compañero. La empresa lo pagará provisionalmente a la espera de que el TSJA se pronuncie si se trató de una huelga encubierta.
La decisión de la empresa municipal se produce después de que el Juzgado de lo Social número 9 determinara que la baja masiva de 407 conductores el pasado 18 de noviembre no se trata de un huelga ilegal, tal y como Tussam reclama. No obstante el abono se producirá de forma provisional hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) se pronuncie al respecto, ya que la empresa recurrió.
Los trabajadores cobrarán el día que les fue descontado en la nómina de este mes, siete meses después de que la empresa municipal decidiera que no lo pagaría porque cree que tras la baja masiva de los trabajadores se escondía una "huelga ilegal", ya que al día siguiente acudieron a trabajar.
La gran mayoría de los empleados, salvo diez, justificaron la incomparecencia al trabajo con una baja médica por depresión tras conocer la muerte de José Luis Alonso, uno de lo conductores que fueron expedientados en la huelga de mayo de 2007. Entonces, muchos empleados de Tussam se congregaron ante las puertas del Ayuntamiento, atribuyendo a la directiva de la empresa el suicidio del trabajador, que sufría una fuerte depresión. Mientras, miles de ciudadanos se vieron afectados porque, sin previo aviso, la mayoría de los autobuses no salieron a la calle, sobre todo en el turno de mañana, lo que les obligó a hacer largas colas durante varias horas o a coger un taxi.
Sin embargo, el juez que se encargó de la denuncia de Tussam consideró que "no hubo actuación colectiva o concertada" de los trabajadores, sino que estos "cuentan con una causa válida de justificación". Además, el magistrado recuerda a Tussam que está imputando a los médicos que firmaron los partes "una actuación contraria a Derecho".
La empresa recurrió el fallo al TSJA, que aún no se ha pronunciado, por lo que mientras tanto se ha decidido abonar las cantidades, aunque supeditadas a que si el Alto Tribunal andaluz les da la razón se descontarían de nuevo, según explicaron fuentes de la empresa.
Las cuantías que deben recibir los trabajadores superan con creces los 100 euros, en algunos casos rozará los 200, ya que además de la jornada laboral, también les fue descontada de la nómina la parte proporcional de las diferentes pagas extras.
Además de este proceso contra los 407 trabajadores, la empresa abrió un expediente disciplinario por falta muy grave contra cuatro de ellos, al considerar que fueron los inductores del supuesto paro. Los cuatro empleados fueron suspendidos de empleo y sueldo durante seis meses, aunque todos han acudido a la vía judicial.
