Nuevo golpe a la corrupción en las administraciones locales. Tras la operación del pasado martes que supuso el arresto del ex regidor y el ex edil de Aljaraque (Huelva), la Guardia Civil detuvo ayer a otros dos cargos municipales, el alcalde del municipio almeriense de Zurgena y su edil de Urbanismo.
En la operación contra la corrupción urbanística en la comarca del Almanzora de Almería fueron detenidas ayer cinco personas. Entre los arrestados está el alcalde, Cándido Trabalón (PA) y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también andalucista, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. Trabalón obtuvo mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2007 y ya declaró ante el juez en enero de ese año como testigo por estas actuaciones urbanísticas.
Fuentes cercanas al caso informaron a Europa Press de los detenidos en la denominada operación Costurero, entre los que se encuentran además el arquitecto municipal, Carlos Berbel; un técnico municipal y un promotor inmobiliario, entre otros. Las autoridades tienen previsto continuar hoy con las actuaciones en la comarca.
En el transcurso de la operación que desarrolló el equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Almería en colaboración con el Fiscal de Medio Ambiente -que abrió diligencias en 2006- se practicaron registros en el Ayuntamiento de Zurgena, en las viviendas del alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto, así como en varias inmobiliarias y promotoras de esta localidad y de las de Albox y Huércal-Overa. El Juzgado de Instrucción número 2 de este municipio es el que dirige la operación.
Los hechos investigados trataban de dirimir la legalidad del permiso concedido a cuatro empresas para la construcción en suelos calificados como rústicos en varias pedanías. Se trata de seis promociones de alrededor de mil viviendas, denunciadas entonces por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ante la Fiscalía. Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta impugnase ante el TSJA las licencias que el Consistorio ratificó por silencio administrativo, pese a la solicitud de revisión tramitada por la Delegación de Obras Públicas.
La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de prácticas ilegales".
Fuentes de la investigación aseguraron que la operación sigue abierta y que el gran número de registros que se están efectuando en distintos municipios se alargará, como mínimo, hasta el día de hoy. El juez decretó secreto sumarial, ampliado a la identidad de los detenidos.
