La agenda social más ambiciosa de la legislatura está prevista que se despliegue en este recién estrenado 2009, un año de crisis en el que la Junta quiere dar categoría de ley a derechos como el de la renta básica. Gran parte del contenido social del Estatuto está prometido para este año.
Cuando en la pasada legislatura se aprobó el nuevo Estatuto de Andalucía hubo un intenso debate sobre hasta dónde había que llevar los derechos sociales de los andaluces. El texto autonómico sentó las bases pero, para que sean efectivos, tendrán que aprobarse leyes que el Gobierno andaluz tiene prometidas para 2009, un año marcado por la crisis. Hay normas como la que regula el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte que no acarrean un coste añadido a las arcas públicas, pero la entrada en vigor de otras como la regulación de la renta básica o el derecho a la vivienda tienen claras consecuencias económicas.
Para este recién estrenado 2009, el Parlamento andaluz tiene en su hoja de ruta al menos seis leyes previstas en el Estatuto. La que está más avanzada -ya ha sido remitida a la Cámara- es la ley del derecho a la vivienda, que establece garantías jurídicas para que los ciudadanos con ingresos familiares inferiores a los 3.000 euros que no tengan una vivienda puedan reclamar tal derecho en los tribunales. Desarrolla el artículo 25 del Estatuto andaluz.
En septiembre pasado, el Consejo de Gobierno andaluz empezó a tramitar una ley que ocupó muchas horas de negociación durante la reforma estatutaria. Permitirá articular un derecho que está recogido en el artículo 20: el derecho a hacer un testamento vital y a la dignidad ante el proceso de la muerte. La Consejería de Salud ya ha presentado un primer borrador, que provocó una airada respuesta de los médicos, sobre todo, a cuenta del régimen sancionador. El debate resurgirá de nuevo cuando llegue la norma al Parlamento porque, aunque los tres grupos que están representados apoyaron el texto del Estatuto, al PP no le ha gustado el desarrollo normativo que tiene previsto hacer Salud. Considera que criminaliza a los facultativos.
Hay una promesa social para 2009 que puede salirse del calendario, y eso que es un compromiso que ya se quedó en el tintero antes de las elecciones. Se trata del derecho previsto en el artículo 23 del Estatuto, la renta básica. El Gobierno inició en la pasada legislatura, ya sin tiempo para sacarla adelante, una ley que dijo que retomaría como prioridad al iniciar la nueva etapa. La Consejería de Igualdad tiene previsto enviarla a la Cámara este año, lo que no está tan claro es cuándo. Los números tienen mucho que ver con esas dudas porque la futura ley de inclusión social regulará una renta básica que, si no se altera el proyecto anterior, suponía dar hasta 500 euros a las familias más pobres.
Más avanzados están los trámites para la que una agencia andaluza gestione todo lo relacionado con la atención a dependencia (artículo 24 del Estatuto), el gran reto en materia social de esta legislatura.
Tres leyes más, que cuelgan directamente de la letra del nuevo texto autonómico, tienen fecha para este año: dos tienen que ver con los ayuntamientos (sobre el reparto competencial y sobre su financiación) y otra regulará un canon homogéneo para el uso urbano del agua.
