Isabel no se fía, sobre todo porque el mensaje del domingo no casaba con la reunión que mantuvo dos días antes con los responsables de Emvisesa. A la sede acudió después de recibir un aviso en mayo y en busca de una solución para evitar sostener una renta de 362 euros, que se dispara si se suma la comunidad, la luz y el agua. Con esa cuantía y dos niños a su cargo de 18 y 8 años, se encuentra "en una encrucijada difícil: pensar en comer o en pagar". No en vano, su subsistencia no depende del escaso dinero que recibe, sino de los alimentos que le brinda la hermandad del Cachorro, a la que acudió ayer mismo.
Sin embargo, tal solidaridad no la percibió en la sede de Emvisesa, donde le plantearon como solución, según su testimonio, que "alimentara menos bocas en casa y dejara la custodia de uno de sus hijos en manos de su marido". Y los plazos algo complejos: pagar un 30% más la renta correspondiente al mes en curso. Es decir, más de los 400 euros que gana.
Eso fue el pasado viernes, pero tras el mensaje del alcalde, Juan Ignacio Zoido, que anunció la paralizacion de los procesos de desahucio en Emvisesa, la disposición ha cambiado radicalmente. Una metamorfosis de la amenaza al pacto amistoso, según comentan los propios afectados de San Jerónimo. Ya no sólo por Manuel González, que está a la espera de recibir las llaves de su nuevo domicilio en Los Carteros, mucho más ajustada a sus posibilidades, sino de otros que recibieron las temidas misivas hace mes y medio.
María Concepción Gómez, que recibió la famosa carta de la discordia el 5 de octubre, pasó ayer por la sede de Emvisesa y esta vez sí que encontró una salida muy diferente a la que le plantearon hace un mes, cuando le instaban a que pagara 88 euros al mes más el alquiler correspondiente. Eso pese a disponer de una paga limitada, que complementa con una rifa de la que consigue arañar 50 euros gracias a la complicidad vecinal.
La nueva fórmula le permite fraccionar los pagos de tal manera que no le repercute tanto a su bolsillo y, lo más importante, le permite "estar más relajada" tras jornadas de futuro incierto. Un cambio de actitud que Concepción atribuyó no sólo al mensaje conciliador de Zoido sino "a que en Emvisesa se han podido ver con el agua al cuello ante la repercusión que han tenido estos casos".
El acercamiento ha sido recíproco. Al igual que Emvisesa soltó el pie del acelerador, los inquilinos alertados por escrito se apresuraron a llegar a acuerdos con la empresa municipal, sobre todo los que no pagaban pese a que podían disponer de fondos para ello. Los últimos en adoptar acuerdos fueron, cómo no, los que apenas disponían de recursos, como Margot Lancha, que ha consensuado los plazos de pago de su deuda, superior a los 1.000 euros.
En el otro extremo se encuentran los que, por desgracia, fueron despojados de sus hogares antes de que los políticos pusieran pie en pared al ver que, por ejemplo en Sevilla, se disparaban los casos, con una media de ocho desahucios al día. Parte de esa otra cara se aloja en la Corrala la Utopía. De las familias que ocuparon hace ya cerca de medio año un bloque de pisos de San Lázaro figuran algunas que fueron desahuciadas de sus viviendas protegidas en el barrio de Pino Montano a principios de año.
