El problema está relacionado con la liberalización del mercado eléctrico aprobada por el Ministerio de Industria. El pasado julio entró en vigor un decreto dirigido a imponer la libre competencia en el suministro de la electricidad que obligaba a aquellos clientes con una potencia contratada superior a los 10 kilovatios a acudir al mercado libre y convocar concursos públicos para renovar sus contratos. Es el caso de los ayuntamientos. Muchos de los afectados han cumplido, según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), pero los concursos han quedado desiertos. Los ayuntamientos no son un negocio para las eléctricas. Acumulan impagos en la factura de la luz o las abonan tarde. Por eso, según la FAMP, en muchos casos Endesa ha sido la única ofertante y ha impuesto condiciones que los ayuntamientos no pueden cumplir. La compañía, que lidera el mercado andaluz, pide a los consistorios que abonen todas sus deudas pendientes, paguen fianzas para garantizar el cobro de los próximos meses y además ofertan diferentes tarifas más o menos ventajosas según el compromiso en los tiempos de pago.
Los ayuntamientos estuvieron negociando con Endesa para tratar de llegar a un acuerdo pero las reuniones se interrumpieron hace ahora unas dos semanas. La compañía comenzó el 21 de diciembre a remitir una circular a los alcaldes comunicando que, "salvo que se produzca una modificación de la legislación vigente, de la cual no tenemos constancia", se procederá a la suspensión del suministro eléctrico el 1 de enero. Un portavoz oficial de Endesa en Andalucía eludió ayer, a petición de este periódico, hacer ninguna valoración sobre la situación alegando que no se pronuncian sobre debates políticos. "Obedecemos lo que dice la ley y punto", declararon.
El tiempo se agota sin que se vislumbre ningún entendimiento que evite el apagón a este centenar de municipios. El Gobierno andaluz está trabajando, según fuentes de la Consejería de Gobernación, para allanar el camino hacia un acuerdo. Muchos alcaldes estaban ayer convencidos de que el Ministerio de Industria llevaría una propuesta a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que aprobó la subida de la factura de la luz, para dar a los municipios una moratoria de un año para cumplir con la liberalización del mercado eléctrico. Fuentes del Ministerio ni confirmaron ni desmintieron si esta propuesta está sobre la mesa. La FEMP sin embargo sí confirmó que "de momento no se ha conseguido nada" pero que "hay contactos tanto con las eléctricas como con el Ministerio de Industria" para dar una salida a estos consistorios.
