El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Públicas y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado un decreto que irá al Consejo de Gobierno andaluz en junio y que permitirá que los consumidores que hayan sido perjudicados por prácticas irregulares sean resarcidos.
Valderas, en el Día Mundial del Consumidor, se ha referido a la nueva norma como "Decreto de restitución de cantidades recibidas indebidamente", y ha considerado que esta medida es "avanzada" incluso a escala internacional.
El consejero, que ha llegado a calificar la nueva norma de "revolucionaria", prevé que además de poder sancionar a las empresas que actúen de manera irregular, como sucede ahora, éstas tengan que indemnizar a los usuarios que hayan perjudicado por esas prácticas ilegales o irregulares, en concepto de daños y perjuicios.
"Seremos la vanguardia para velar por los derechos de la ciudadanía", ha señalado Valderas, tras afirmar que el decreto está ya muy avanzado en lo que se refiere a participación y consulta pública, sobre todo con las organizaciones de consumidores.
Valderas ha asegurado que desde mayo de 2012 la Secretaría General de Consumo de la Juntad e Andalucía ha efectuado algo más de 50.000 actas de intervención y ha inspeccionado algo más de 36.000 establecimientos comerciales.
En el mismo periodo ha interpuesto algo más de 6.000 expedientes sancionadores, de los que ha resuelto unos 5.800 y se han puesto sanciones por un valor global de casi diez millones de euros.
Valderas ha leído la declaración de su departamento con motivo del Día Mundial del Consumidor, en el que se afirma que "el actual sistema económico" basado en "el recorte de derechos sociales e inmerso en una carrera por maximizar sin límites los beneficios, producción y mercados, sitúa a la ciudadanía andaluza y al resto del Estado en una doble posición de desigualdad".
La declaración reconoce "el papel fundamental que, en el ejercicio de las competencias que le son propias en materia de consumo, desempeñan las entidades locales andaluzas con sus Oficinas de Información al Consumidor", por lo que rechaza "cualquier medida que como la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pretenda atacar a la Administración más próxima a la ciudadanía".
