Hasta el número cuatro de la calle Torrijos, en Sevilla, llegan cada día hombres y mujeres que, simplemente, no tienen otro sitio a donde ir. Allí se levanta desde junio de 2007 el Centro Amigo, que gestiona Cáritas Diocesana de Sevilla, y en él la indigencia, el sida o los problemas con la ley no son un tabú sino parte de su rutina. "Nuestra labor es ayudarles a subir el primer escalón para salir de la calle", explica Loreto Cuevas, directora del centro. "De otra manera no podrían iniciar un proceso de inclusión social", añade.
Los usuarios que atiende el centro -unos 250 el último año- arrastran décadas de adicción, enfermedades y hasta cuentas con la justicia y, por eso, cuando llegan, la mayoría tienen por delante meses de trabajo con psicólogos, educadores, médicos, abogados y trabajadores sociales. Entre otras cosas, el equipo de profesionales y voluntarios de Cáritas tiene que ayudarlos a "retomar sus revisiones de VIH, tratamientos con metadona y hasta a recuperar habilidades tan básicas como ducharse, comer o hacer una cama".
Con 22 plazas en régimen de residencia y otras 18 en unidad de día, la actividad en el centro es constante y va más allá de dar de comer al necesitado. Por las mañanas, los monitores se ocupan de los talleres con los que los usuarios van retomando el contacto con el mundo real y que se realizan en grupos reducidos. Muchos de los sin techo no existen para la administración y, por eso, una de las principales tareas de los voluntarios que colaboran con el centro, unos 30, es acompañarlos a realizar gestiones como obtener un DNI o la tarjeta del paro o recuperar las pensiones que han perdido por no cumplir con los trámites pertinentes.
Un problema enquistado. Cada año, tanto la administración pública como las ONG movilizan personal y recursos para atender a un colectivo que, lejos de reducirse, aumenta. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, en 2008 existían en Andalucía 74 centros que prestan atención a los sin techo. Este año, la Junta ha invertido 1,7 millones de euros para programas de ayuda e integración -además de otras partidas para el mantenimiento de albergues- y Cáritas ha logrado reunir más de dos millones entre subvenciones públicas y de la Iglesia y donaciones particulares para sus 23 centros.
Pero todos estos recursos no parecen suficientes y aunque este colectivo "vive siempre en crisis" el negativo contexto económico está frenando, según Cáritas, la inserción laboral y social en la que se estaba avanzando con muchos de ellos. Por ello, la organización reclama que se que se acelere la Ley de Inclusión para Andalucía, que se quedó en un cajón en la pasada legislatura y en ésta se ha aparcado de momento.
La campaña lanzada por Cáritas con el lema Su historia es parte de la nuestra. Todos contamos busca recordar que en nuestras calles viven miles de personas que "no cuentan, no salen en las estadísticas y hasta llegan a ser invisibles".
