Más de 91.000 euros en gasolina en algo más de dos años, aunque parezca una barbaridad es la cuantía que un funcionario cargó a la cuenta de la Diputación Provincial de Sevilla, organismo en el que trabajaba, en su propio beneficio. Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial le ha condenado a dos años de prisión por malversación de caudales públicos y seis años de inhabilitación absoluta. Para pagar lo que adeuda la Justicia le ha dado un plazo de diez años.
El funcionario, de 57 años, ha aceptado la citada condenada tras reconocer los hechos y alcanzar una conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por la Diputación, por lo que no ha sido necesario llegar a celebrar el juicio con jurado popular que estaba previsto. Para aceptar rebajar la condena, el fiscal tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que A.M.P. ha devuelto hasta ahora a la Diputación 21.428,77 euros como parte de la indemnización, teniendo que abonar el resto (70.153,40 euros) hasta completar lo defraudado en los próximos diez años.
Según consta en la sentencia, el funcionario trabajaba como ordenanza-motorista y por ello disponía de dos motocicletas oficiales para desempeñar su labor. Así, desde enero de 2002 hasta noviembre de 2004 estuvo utilizando de forma fraudulenta las tarjetas de Cepsa Card que la Diputación le había entregado para que pudiera repostar ambos vehículos, que el funcionario utilizaba indistintamente.
El fallo judicial explica que el funcionario empleó las tarjetas en su propio beneficio, llegando a repostar hasta varias veces al día en las gasolineras situadas en la Glorieta del Cid de Sevilla y en la carretera de Dos Hermanas, localidad de la que es originario el empleado, cantidades superiores a los siete u ocho litros que aproximadamente caben en los depósitos de las motocicletas.
Así, A.M.P. llegó a gastar hasta 91.582,17 euros en gasolina para sus propios vehículos en 34 meses. Por ahora, el organismo público sólo ha podido recuperar algo más de 20.000 euros, pero para recuperar el resto de lo defraudado tendrá que esperar, ya que la Audiencia Provincial de Sevilla le ha dado un plazo de diez años al acusado para devolver el resto. El funcionario ha sido inhabilitado durante seis años por un delito de malversación de caudales públicos, por el que podría haber sido condenado hasta a seis años de cárcel.
