Ni de la familia, ni por parte del Estado, porque en España no están contempladas las recompensas por parte del Gobierno. El ofrecimiento de una persona anónima de entregar una gratificación económica a quien ayude a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo “es raro”. Así al menos lo afirma el catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Criminología de la Hispalense, Borja Mapelli.
“En España y en Europa se han dado algunos casos, sobre todo en temas de terrorismo, y siempre con resultados dispares”, afirma Mapelli. En sucesos donde había otras jóvenes o niñas desaparecidas ha sido la familia la que ha ofrecido diferentes sumas de dinero: la de Anabel Segura –la joven madrileña que fue secuestrada en 1993 mientras hacía footing y asesinada el mismo día, aunque se mantuvo la idea del rapto durante más de dos años y medio– llegó a ofrecer primero 15 y luego 60 millones de pesetas; la madre de Rocío Wanninkhof, 25 millones de pesetas, y el padre de Mari Luz, 150.000 euros, que también estaba dispuesto a pagar a quien pudiera haber raptado a la niña. En cuanto a donaciones privadas, los casos más llamativos fueron el de la propia Rocío Wanninkhof y las niñas de Alcáser (días después de las desapariciones y por ciudadanos anónimos también, como en este caso).
Para Mapelli, “jurídicamente no hay nada que objetar, aunque sí para quienes se animen a intentar llevarse el millón de euros”. Según el catedrático, estas recompensas también “puede animar a investigadores privados, que tienen prohibido por ley entrar a indagar en asuntos delictivos, y a personas implicadas, que deberían haber declarado ya ante la Policía”, señala.
En cualquier caso, Mapelli lamenta que la iniciativa puede no tener un resultado positivo, “más después de haber escuchado las declaraciones del jefe del Cuerpo Superior de Policía, que afirmó que las primeras declaraciones suelen ser las más verídicas, que el cuerpo probablemente esté en el río y que después de más de un año no se va a recuperar nunca”, dice.
En cuanto al papel del abogado cordobés depositario del dinero, Adolfo Jiménez-Castellanos, Borja Mapelli confirma que “no tiene por qué decir el nombre de quien dé la pista que lleve al cadáver, puede aducir celo profesional, aunque Hacienda sí puede estar pendiente tanto del donante como del receptor”.
Otras fuentes consultadas por este periódico, en cambio, creen que es una “opción tan válida como otra”, máxime si ayuda a resolver un caso tan complicado como éste, en el que el paradero del cuerpo sigue siendo el gran misterio. Estas fuentes aseguran que el ofrecimiento es “completamente legal”.
